Contra la «oleada especulativa»
Los contrarios a ampliar el aeropuerto de El Prat reclaman que se proteja todo el delta del Llobregat y que el dinero previsto se destine a «servicios públicos esenciales».
Los contrarios a la ampliación de El Prat se concentraron ayer a las puertas de Esade para compartir su punto de vista sobre los planes de Aena en el aeropuerto de Barcelona. Se presentaron con un listado de exigencias basadas en lo que ellos consideran «hechos probados». Como que Aena tiene una deuda de más de 7.000 millones de euros, que el sector de la aviación afirma que no se volverá a niveles previos a la pandemia antes de 2027 o que las emisiones contaminantes (básicamente dióxido de carbono) crecerían de manera proporcional al incremento deseado de pasajeros, unos 30 millones anuales. Dentro de las instalaciones de Esade, en Barcelona, unas 200 entidades económicas pertenecientes a distintos lobis defendían el denominado hub internacional. Un auditorio, por cierto, en el que apenas había mujeres. Fuera estaba la plataforma Zeroport, que aglutina las organizaciones contrarias a ese mordisco de 500 metros de la tercera pista sobre los terrenos de La Ricarda, los más puros, dicen los que saben, de la desembocadura del Llobregat.
En el acto callejero, con representantes de entidades sociales, ecologistas y vecinales (eran una decena porque, aseguraron, no era una protesta en sí que tienen previsto convocar más adelante), la cosa estuvo bastante clara: «Esto es un capricho de las élites económicas». Sara Mingorría, investigadora en economía verde del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona, recordó que el Govern aprobó la declaración de emergencia climática en 2019, cosa que también hizo el Ayuntamiento de Barcelona a principios de 2020, y reclamó el cumplimiento de las leyes aprobadas en materia de cambio climático, tanto las de aquí como las comunitarias.
Contra las ampliaciones
A su modo de ver, es fácil de entender, puesto que si la UE fija una reducción de emisiones del 40% en 2030 respecto a los valores de 1990, poner más aviones sobre el cielo de la capital catalana parece ir en sentido contrario a ese objetivo. Por todo ello, no solo se postulan contra el crecimiento del aeródromo de El Prat. También contra toda propuesta de ampliación de cualquier otra infraestructura. Su posición, por cierto, cuenta con el apoyo de organismos como Greenpeace.
La plataforma quiere que los 1.700 millones que se destinarían a estirar la tercera pista se deriven a «los servicios públicos esenciales» y a la transformación y relocalización de la economía para hacer frente al cambio climático y a la emergencia energética, social y laboral.