Los prejubilados de la banca podrán librarse de la reforma de Escrivá
El ministro blindará las pensiones de los empleados que se retiren anticipadamente por eres pactados hasta el 30 de septiembre
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende blindar las pensiones de los trabajadores que resulten prejubilados como consecuencia de expedientes de regulación de empleo que sean aprobados antes del 30 de septiembre de 2021. Así figura en el borrador de anteproyecto de ley para la primera fase de la reforma de las pensiones que el ministerio ha enviado a los agentes sociales para su negociación, al que ha accedido EL PERIÓDICO.
Escrivá pretende endurecer las prejubilaciones de los trabajadores que cotizan por la base máxima. El ministro entiende que en la práctica, los coeficientes reductores que sufren estos trabajadores en su pensión por retirarse antes de la edad de jubilación son menores que los que tienen que encajar quienes tienen salarios más bajos.
Por eso, el Gobierno ha puesto sobre la mesa negociadora un nuevo esquema que, por ejemplo, podría agravar la actual penalización del 4% sobre la pensión que sufren estos trabajadores cuando se prejubilan con dos años de anticipación hasta el 21%. El ministro pretende aplicar el nuevo esquema a partir de 2024, de forma gradual, durante 10 ó 12 años.
La medida, que no gusta en la patronal, podría afectar a miles de trabajadores pendientes de procesos de regulación de empleo en la banca y en empresas como Nissan o Airbus. Muchos saldrán de sus empresas ya a través de procesos de prejubilación que las compañías están ofreciendo a empleados con edades actuales relativamente bajas –a partir de 55 años en CaixaBank y en el BBVA–, y por los que las compañías seguirán cotizando hasta que cumplan 63 años –según los casos– y puedan empezar a cobrar su pensión dentro de ocho años o más.
Incertidumbre
Una gran parte de estos trabajadores del sector financiero y de la industria cotizan en la actualidad a partir de bases máximas y sobre ellos pesa la incertidumbre de si, cuando llegue su retiro, serán objeto de los nuevos coeficientes reductores con los que el ministro Escrivá pretende penalizar las jubilaciones anticipadas de quienes están en condiciones de acceder a la pensión máxima.
Para acabar con esta incertidumbre y blindar las pensiones de estos trabajadores de sueldos más elevados, el borrador de texto articulado que el ministro ha enviado a los agentes sociales dispone que los nuevos coeficientes agravados no serán de aplicación a los trabajadores cuya extinción del contrato de trabajo se produzca antes de 1 de enero de 2022 o después de esta fecha «como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o en virtud de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, que fueran aprobados con anterioridad al 30 de septiembre de 2021».
Otra de las novedades que ha consensuado el ministro con la patronal y las centrales implica una cierta mejora a favor de los trabajadores que opten por la jubilación anticipada voluntaria después de haber sido objeto de un cambio unilateral en las condiciones de trabajo por parte de la empresa, al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. El borrador propone asemejar estos casos a los de una prejubilación involuntaria y aplicar así unos coeficientes reductores más benignos. Por ejemplo, podría acceder a la jubilación anticipada no voluntaria un empleado cuya empresa le plantea un traslado a otra ciudad o un cambio de turno significativo y este prefiere extinguir el contrato, cobrar la indemnización y solicitar su retiro.
El ministro quiere endurecer las prejubilaciones de quienes cotizan la base máxima
Seguir en activo a los 68
Para poner coto a la jubilación forzosa, el borrador incorpora la prohibición de que cualquier convenio colectivo pueda forzar a retirarse a un trabajador antes de que este cumpla los 68 años. Además, si un trabajador supera esa edad, la empresa no podrá obligarle a jubilarse si no cumple los requisitos para cobrar el 100% de su pensión; con lo que la Seguridad Social acota de esta forma una potencial vía de gasto adicional.