Rato será juzgado por blanqueo y corrupción
El juez impone al exvicepresidente del Gobierno una fianza de 65 millones
El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha abierto un nuevo juicio oral contra Rodrigo Rato. El que fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Caja Madrid y Bankia se sentará en el banquillo acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública entre 2005 y 2015, así como de un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares, en la causa en la que se investiga desde 2015 su patrimonio y finanzas personales, que gestionaba a través de empresas y cuentas en paraísos fiscales.
El magistrado reclamado a Rato que deposite una fianza de 65,13 millones de euros en el plazo de un día para hacer frente a las posibles consecuencias económicas de ser declarado culpable. De no hacerlo, «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».
Evitar la indefensión
Junto al exvicepresidente, se sentarán en el banquillo otras 15 personas físicas y tres jurídicas (Publicis Comunicación, Zenith Media y Plazas Abogados), a las que se han impuesto fianzas que en conjunto superan los 144 millones.
El juez entiende, en cambio, que no ha lugar a juzgar a Rato por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, como también pretendía la Fiscalía, para evitar la «indefensión material de los acusados» ya que «en momento alguno han sido instruidas las actuaciones ni dirigido el procedimiento contra los referidos acusados por tales infracciones».
El magistrado concluyó el pasado marzo la instrucción de una de las partes del caso que provocó la famosa imagen del exvicepresidente del Gobierno detenido e introducido en un coche por la policía mientras se registraban sus oficinas en 2015. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado 70 años de prisión para Rato: 53 años por los delitos fiscales; seis por blanqueo de capitales, que entiende que cometió hasta al acogerse a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro; cuatro por insolvencia punible, que se le atribuye por la venta de acciones de una sociedad dos días antes y el mismo día en que se registraron sus propiedades; cuatro años por corrupción en los negocios, que le atribuye por las comisiones (835.059 euros) que cobró por contratos de publicidad firmados con Publicis y Zenith por la salida a Bolsa de Bankia; y otros tres por falsedad documental para encubrir los hechos.
La petición por los delitos por los que el magistrado plantea juzgarles suma 63 años de prisión. Anticorrupción, asimismo, pide que Rato indemnice a Hacienda por las cantidades defraudadas, que la fiscalía cifra en un total de 8.586.121 euros desde 2005 a 2015. Según el Ministerio Público, entre esos años sus incrementos patrimoniales no justificados ascendieron a 15.633.056 euros.
El escrito de acusación especificó que desde 1999 Rato ha mantenido «un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades» en Irlanda, Panamá y el Reino Unido.