Colombia no se da tregua tras un mes de protestas
Gobierno y líderes de la movilización fracasan en el diálogo para acabar con un enfrentamiento que ha causado más de 70 muertos y centenares de heridos. Los impulsores de las manifestaciones han levantado los bloqueos de las carreteras en 40 puntos para i
El estallido social no tiene respiro en Colombia. Tras un mes y cuatro días de manifestaciones que han dejado 70 muertos y centenares de heridos, según los organismos humanitarios, el horizonte de la solución política de la crisis todavía se muestra lejano. El Gobierno de derechas y el Comité de Paro volvieron a reunirse el martes para acercar posiciones. Los resultados no fueron los esperados.
Los líderes de la protesta han levantado los bloqueos de las carreteras en 40 puntos estratégicos para avanzar en las negociaciones. «Es una demostración más de la voluntad que tenemos de una salida concertada», dijo el sindicalista Nelson Alarcón. La medida fue respaldada por el obispo Héctor Fabio Henao, en nombre de la Conferencia Episcopal, y uno de los mediadores junto con la ONU frente a las autoridades. El presidente colombiano, Iván Duque, «no tiene disculpas», añadió Alarcón, si rechaza este gesto.
Los representantes de Duque ante el Comité de Paro reclamaron un desbloqueo total para firmar un preacuerdo. Aseguraron haber hecho ya importantes concesiones; entre ellas, autorizar, aunque sin fecha, la presencia en el país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «En Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho a la protesta», dijo el portavoz del Gobierno, Emilio Archila. El Ministerio de Hacienda asegura que las pérdidas económicas son incalculables.
El titular de Defensa, Diego Molano, informó de que desde el pasado 28 de abril se han llevado a cabo 1.003 desbloqueos en todo el territorio colombiano. Molano ha sido señalado como el ejecutor de la política de mano dura del Gobierno encabezado por Duque. La oposición parlamentaria ha fracasado en las últimas horas en su intento de aprobar una moción de censura en su contra.
Con el correr de las semanas, Duque ha pasado de la búsqueda de un enemigo interno a tender la mano a la negociación. En los últimos días ha vuelto a cobijarse bajo la sombra de su mentor, Álvaro Uribe. La inspiración del exmandatario ha sido evidente, según los analistas, en la orden de militarizar la ciudad de Cali, el epicentro del estallido social.
«Violencia, bloqueos y vandalismo manchan el legítimo derecho a la protesta, fragmentan nuestra democracia, afectan la integridad de las personas y empobrecen al país», advierte la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. De acuerdo con la revista La silla vacía, la élite empresarial ha sido más perspicaz que Duque al anticiparse a las razones que encendieron la mecha del estallido. En febrero pasado, la consultora PwC preguntó a 84 presidentes de grandes empresas cuál era su mayor preocupación: ni la pandemia ni la reactivación de la economía estaban entre las principales inquietudes. La mayoría advertía de signos evidentes de inestabilidad social.
«La desconexión del Gobierno nacional y de los gobiernos locales con el descontento de la gente es aprovechada por grupos armados, grupos políticos extremistas y politiqueros. Una tormenta perfecta», dijo uno de los entrevistados.
La lógica del balazo
«Lo que está ocurriendo en Colombia con civiles armados saliendo a disparar es una tendencia preocupante», señaló el diario bogotano El Espectador sobre recientes ataques a manifestantes frente a la «extraña pasividad» de policías. Esto «causa angustia sobre el futuro de un país con tantas tensiones», añade. Colombia, recordó, tiene aún activas «sanguinarias bandas criminales» y resulta incomprensible «tanta comodidad con los discursos que abogan por la justicia por mano propia». Y apuntó a «un caldo de cultivo para el desastre».
La cultura del ajuste por cuenta propia no solo aparece en el marco de la protesta. Una nueva masacre en la zona rural del municipio de Algeciras, en el departamento de Huila, a 377 kilómetros de Cali, acabó con nueve asesinados en una finca del padre de un exmiembro de las FARC reincorporado a la vida civil tras los acuerdos de paz. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registra 41 asesinatos colectivos en lo que va de 2021.
Más de 80 grandes empresas dicen estar más inquietas por la inestabilidad en las calles que por el covid y la economía