Colombia: ¿algo está cambiando?
Ante las protestas, el Gobierno actúa de la única forma que sabe: reprimiendo y matando
Colombia está inmersa en una crisis social y política. A un año de las elecciones presidenciales y después de largos meses de «excepcionalidad pandémica» algunas ciudades colombianas están (en sentido literal y figurado) que arden. Durante el mes de mayo, en casi el 70% del territorio, ha habido protestas -algunas pacíficas con intervenciones artísticas y otras con duros enfrentamientos y cargas policiales y militares-.
Estas protestas no son una novedad, sino que tienen su antecedente en la apertura democrática que supuso la firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2012. Desde entonces, sin la excusa gubernamental de que toda movilización era impulsada por guerrilleros-terroristas, empezaron a emerger un haz de demandas hasta la fecha silenciadas y reprimidas. Algunas de las demandas estaban relacionadas con la violación de derechos y libertades, pero otras tantas eran una enmienda a la totalidad al modelo socioeconómico neoliberal impulsado desde inicios del siglo XXI por Álvaro Uribe y que prevalece. Se trata de un modelo que ha supuesto una mayor informalidad en la economía, el encarecimiento de los servicios básicos y la apuesta por el sector agroexportador y extractivista vinculado a la minería, el petróleo, la biodiversidad y el agua. El resultado de todo ello, a día de hoy, es el incremento de la pobreza en el país (de un 10% respecto a la década anterior, según la oficina oficial de estadística) e innumerables desplazamientos forzados de población rural hacia las ciudades. Todo ello, obviamente, se agravó con la pandemia del covid-19, donde las clases populares se llevaron la peor parte.
De todos modos, hace poco más de año y medio (el 21 de noviembre de 2019), ya hubo un aviso. Millones de personas -mayoritariamente jóvenes- salieron a la calle para protestar contra las medidas económicas del Gobierno, pero la crisis sanitaria abortó su continuidad. Hoy han vuelto exigiendo otra vez un giro en las políticas económicas, en contra de las nuevas medidas propuestas sobre política sanitaria y tributaria, y a favor de la implantación de una renta básica universal. La respuesta a todo ello, sin embargo, ha sido la represión. Una represión desmedida, que (según algunas oenegés) se ha cobrado ya 53 vidas. La militarización del país, la reaparición de paramilitares y la voluntad gubernamental de enfrentar sectores de la sociedad, alentando el fantasma de una guerra entre «pobres-hambrientosresentidos» contra «ricos y clases medias», ha sido la estrategia del presidente Iván Duque.
Este conflicto ha supuesto una crisis inesperada y grave para el Gobierno, pues ha significado la renuncia de tres ministros (Hacienda, Cancillería y el Comisionado de Paz) y la cancelación de la Copa América de fútbol que tenía que empezar el 13 de este mes. De igual modo, el país ha dado una pésima imagen internacional debido a las denuncias por parte de organismos internacionales y oenegés por abusos de los derechos humanos. Sin embargo, también parece que ha sido una oportunidad para el presidente Iván Duque, ya que esta situación le impulsa a abanderar nuevamente un discurso de excepcionalidad, de seguridad nacional y de populismo punitivo. Piénsese que, hace pocos meses, su candidato para las próximas elecciones tenía escasamente el 11% de apoyo mientras que la izquierda rozaba el 36%. Es posible que, si la crisis y la inestabilidad siguen, algunos sectores sociales empiecen a pedir orden y mano dura, y su propuesta conservadora-reaccionaria gane enteros.
En el fondo, como decía un colega, el problema de los gobiernos colombianos es que -a lo largo de décadas- se han especializado en reprimir y matar, y eso es lo que saben hacer. No saben, en cambio, redistribuir riqueza ni proteger los derechos de los más vulnerables. Y ante las crisis -como casi todo el mundo- actúa de la única forma en que lo ha hecho y sabe: reprimiendo y matando. Es en este sentido que las expectativas de esta crisis son magras. Es difícil pensar en una solución como la acontecida hace unos meses en Chile: con un referéndum de reforma constitucional y de renovación de la clase política. Por algo Colombia es de los pocos países de toda América Latina en que nunca (¡nunca!) ha habido una ruptura con el pasado. De todas formas, una amiga que trabaja en una universidad privada en Cali me ha comunicado que los estudiantes han secundado la huelga, cosa que no hacían desde hace más de 50 años. Algo estará cambiando.
Si la inestabilidad sigue, es posible que algunos sectores sociales pidan mano dura y el discurso de Duque gane enteros
PnSalvador Martí Puig es catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Girona.