¿Sin paraísos fiscales?
Las próximas reuniones del G-7 y G-20 pueden representar el principio del fin de los paraísos fiscales. Sobre la mesa una propuesta, ya muy consensuada, para establecer un impuesto de sociedades mínimo, de un 15%, en todo el mundo. Una iniciativa indispensable en una economía tan abierta, en la que el dinero circula con toda libertad de uno a otro Estado. Este paso adelante en el gobierno de la globalización resultará muy relevante para reconducir disfunciones que deterioran y deslegitiman nuestro modelo económico.
Así, de una parte, constituye un impulso moral al buen capitalismo, y un golpe a la enorme hipocresía que representa el que, incluso en el mismo seno de la Unión Europea, países como Luxemburgo, Holanda o Irlanda se constituyan en pseudo paraísos fiscales. De otra, el abordar la opacidad fiscal debilitará la competencia impositiva a la baja entre Estados, que procuran reducir al máximo sus impuestos para atraer inversiones y, así, evitar deslocalizaciones corporativas hacia los países de baja o nula tributación.
Finalmente, esta nueva fiscalidad supondrá un aumento de la recaudación, que se cifra en unos 50.000 millones de euros para los países europeos, en un contexto en que el gasto público es más urgente e indispensable que nunca. Al éxito de la iniciativa también puede contribuir el que se decida su implantación en una coyuntura de crecimiento, tras los destrozos de la pandemia.
De confirmarse estas previsiones, el mérito habrá que atribuirlo a tres actores. La OCDE, que ha transitado de languidecer a liderar el debate intelectual a favor de una homogeneización tributaria; la Comisión Europea, empeñada en iniciativas innovadoras como la tasa Google; y, de manera determinante, la actitud decidida de la nueva administración estadounidense. Es decir, ese puñado de votos que, en diversos estados, dieron la victoria a Joe Biden, son los responsables de que, hoy, podamos estar cerca de acabar con los paraísos fiscales. Habrá que estar agradecidos a esos votantes.