La diputación crea un plan para aliviar los servicios sociales
El ente supramunicipal quiere abrir oficinas de ayudas económicas. En el servicio piloto inaugurado en Sant Boi, casi 200 personas requieren de apoyo urgente.
Entra cabizbaja y termina llorando frente a la trabajadora social. A los 50 años, Mercedes se quedó en la calle en 2020 tras la debacle económica que la dejó sin el precario empleo limpiando escaleras. Ahora comparte piso con otra mujer pero llama a la puerta de los servicios sociales porque debe dos meses de alquiler que no sabe cómo pagar. Como ella, 170 personas acuden cada semana a los servicios sociales de Sant Boi de Llobregat pidiendo ayudas económicas urgentes, una afluencia que está saturando los servicios sociales. Para aliviarlos, la Diputación de Barcelona ha abierto allí una oficina de ayudas económicas que, si se demuestra útil, se podrá extender al resto de municipios de la provincia en 2022.
«Estos últimos años todo me ha salido mal», suspira Mercedes. «Vengo aquí para que me ayuden», agrega la mujer frente al centro social Cal Ninyo, el lugar donde está ubicada la nueva oficina de ayudas económicas abierta a mediados de mayo por la Diputación de Barcelona. En la cola también están Maryam, una joven extutelada que a los 27 años ha sobrevivido a las drogas y varios intentos de suicidio. Ahora pide ayuda para la ortodoncia que con su renta de 400 euros mensuales no puede asumir. Mohamed, de 53 años, busca auxilio para salir del coche donde está durmiendo con su hijo menor de edad , mientras que Abdul llega avisando de que la compañía eléctrica le ha cortado la luz tras dos meses de impagos.
Todos son casos de extrema necesidad y urgencia. «La lista de espera para las primeras visitas en los servicios sociales suele ser de 10 a 12 días, y estas personas no pueden esperar», asume la trabajadora social de la oficina. Y más tras la pandemia. Cada semana 170 personas necesitan ayudas de urgencia en Sant Boi, municipio en el que en 2020 el consistorio tuvo que invertir 1,4 millones de euros, un 40% más que el año pasado, para estas atenciones puntuales. La oficina tiene un coste de 133.000 euros y está formada por un equipo de cinco técnicos, entre administrativos, gestores e integradores sociales. En pocos meses también probarán este plan piloto Santa Coloma de Gramenet, El Prat de Llobregat y Sabadell, y en función de los resultados se podría extender al resto de municipios de la provincia que lo demanden.
«Ahora mismo la situación es demasiado y vemos de todo, desde autónomos o trabajadores que no cobran ninguna ayuda, hasta personas que lo han perdido todo y están completamente rotas. Algunos se van recuperando a medida que pueden abrir sus negocios... otros no», aseveran los trabajadores del espacio. Otro de los dramas diarios son los desahucios. Cada semana se producen más de una decena en esta ciudad. «Si les podemos dar ayudas para abonar mensualidades atrasadas evitamos el desahucio pero el drama está en la falta de vivienda pública y las listas de espera», asume la responsable área de servicos sociales de la ciudad, Mónica Murillo.
«La idea es que estas oficinas atiendan solo las urgencias económicas y que los servicios sociales se puedan dedicar a hacer su trabajo, a seguir los casos más complejos desde un enfoque más comunitario para poder sacarles del agujero», explica Lluïsa Moret, responsable de Igualdad y Sostenibilidad Social de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi. «Queremos acabar con los informes y la burocracia para que los servicios sociales de atención primaria se puedan centrar en las personas», prosigue. Por ejemplo, coordinarse con la red de salud mental, detectar el maltrato infantil, acompañar a las víctimas de violencia machista, ayudar a los ancianos que viven solos o entender qué se truncó en las vidas de Mercedes, Abdul o Maryam para que puedan rehacerlas. El reto no parece fácil. Alternativas tampoco hay muchas.