A los españoles
España como Estado es más fuerte que cierto nacionalismo que pretende defenderlo, por eso se puede permitir otorgar estos indultos
España es un Estado más fuerte que la retórica de cierto nacionalismo que lo quiere defender. España está a punto de romperse siempre que el Partido Popular no ocupa la Moncloa. Se trata de un discurso vacuo que intenta enardecer a una parte de la población y de hacer pasar por razones de Estado lo que son legítimas razones partidistas. El método se inventó en el caso de los GAL -en el que sobraban razones-, pero se aplica una y otra vez en situaciones en nada comparables, como la aprobación del Estatuto catalán o el rescate de la economía española. Lo que no bendice el PP, es directamente antiespañol, cuando no ilegal. Este sesgo se ha intensificado desde que a los populares les ha salido competencia en ese eje de la captación de votos, primero de la mano de Ciudadanos y ahora de Vox. Esta operación ha sido intelectualmente nutrida por una apropiación partidista de la Constitución, con una determinada lectura de la misma, y del intento de adueñarse también de la Monarquía.
FRENTE A ESTOS INTENTOS, el centroizquierda español ha sido hasta ahora incapaz de construir un nacionalismo alternativo, menos partidista y más inclusivo. Algunos de los barones del PSOE han preferido alinearse con el discurso del PP, para ganar comodidad intelectual y electoral, antes que arriesgarse a ser radicalmente diferentes a la vez que radicalmente españoles. Tampoco en el PP las voces alternativas se han abierto paso. Como pasa a menudo en el nacionalismo catalán, el miedo a ser acusados de traidores es superior a la racionalidad. De este cóctel surgen algunos auténticos frankenstein jurídicos, como el recurso contra artículos del Estatut del 2006, una vez refrendado, que siguen vigentes en sus homónimos de Andalucía o de la Comunidad Valenciana. Y surge también el quietismo de Mariano Rajoy durante los acontecimientos de Catalunya en el 2017 que corrigieron, con distinta pericia, las Fuerzas de Seguridad del Estado (sin saber a las órdenes de quién), la Corona (alarmada por la falta de información fiable del alcance real del desafío tras el fiasco de las urnas) y el Tribunal Supremo (tratando un asunto penalmente que nunca debería haber desbordado el marco político). Luego, un mes después, llegó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
ESA RETÓRICA NACIONALISTA que ve en el Estado una debilidad que no es tal trata ahora de embridar al Gobierno de Pedro Sánchez negándole la capacidad de ejercer una facultad que forma parte del ordenamiento constitucional: el indulto, en las condiciones que sean legalmente exigibles, de los condenados en el juicio por el 1-O. Se piden en este caso cosas que no se han pedido en otros, como el arrepentimiento, y se alegan términos jurídicamente indeterminados como el autoindulto. Según la última encuesta, el 61% de los españoles estarían en contra de estos indultos. ¿Alguien preguntó por el de Alfredo Sáenz o el de Alfonso Armada? No. Y era cabal no hacerlo. El indulto es una medida de gracia, una medida política que los españoles juzgarán por su eficacia y que el Gobierno esgrime en nombre del interés público. Opónganse a los indultos cuántos quieran, pero no lo hagan debilitando a un Estado que tiene la fuerza suficiente para poder permitírselos.
Algunos esconden como razones de Estado lo que son legítimas razones partidistas