El Periódico - Castellano

Sin fondos no hay justicia en el Líbano

El Tribunal Especial, encargado de juzgar los asesinatos políticos perpetrado­s en el país, se ha quedado sin el dinero para seguir en activo.

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La crisis económica libanesa hunde a otro sector. El Tribunal Especial para el Líbano (TEL) ha denunciado la falta de liquidez que le fuerza a cancelar un nuevo caso en curso contra el asesino del ex primer ministro Rafic Hariri. Además, el Banco Mundial declaró que la debacle libanesa está entre las tres peores crisis económicas desde el siglo XIX. «Una contracció­n tan brutal y rápida acostumbra a estar asociada con conflictos o guerras», señaló la institució­n. El TEL, financiado por la ONU y el Líbano, es la nueva víctima de la recesión libanesa.

El tribunal recibe el 51% de sus fondos de contribuci­ones voluntaria­s y el 49% del Gobierno libanés, que sufre una parálisis que ahonda al país en su peor crisis económica en tres décadas. Para 2020, el Tribunal Especial tenía un presupuest­o de 55 millones de euros, pero para este año se ha reducido casi en un 40%. A la vez, presentaro­n sus problemas para obtener contribuci­ones.

Con la intención de salvar al TEL, operativo desde 2009, el secretario general de la ONU, António magistrado­s. El primer ministro designado, Saad Hariri, pidió al Gobierno que pague sus cuotas para el TEL y que la comunidad internacio­nal asuma su responsabi­lidad para que la justicia pueda seguir con su labor. El Ejecutivo libanés, en funciones desde su dimisión por la explosión en Beirut en agosto, ha pedido a la ONU que explore de forma urgente.

El Líbano vive una de las tres peores crisis económicas de la historia desde el siglo XIX, según el

Banco Mundial. La debacle «ha exacerbado las deficienci­as nacionales a largo plazo, incluidas debilidade­s institucio­nales, políticas económicas y sociales fallidas y una pésima prestación de servicios públicos”, declaró la institució­n. «Existen mayores riesgos de que se desencaden­e el malestar social», añadió. En apenas dos años, el Producto Interior Bruto (PIB) se ha desplomado un 40%. Ahora también la justicia sufre la crisis en sus propias institucio­nes.

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