El PP se quita la careta una vez más
Excluir a las mujeres trans de la ley de violencia machista invisibiliza la transversalidad de las violencias de género
Hace unos días más de 50 diputados del Grupo Popular en el Congreso presentaron un recurso de inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la reciente reforma de la ley de violencia machista de Catalunya 17/2020. Entre otros artículos, el recurso hace referencia al artículo que amplía la aplicación de la ley a las mujeres, adolescentes y niñas trans.
Recientemente planteábamos la reflexión en torno al debate sobre la ley trans –a nivel estatal– que finalmente no fue aprobada. Esta propuesta profundizó en un debate ya presente acerca de cuál debe ser el sujeto del feminismo y aquí se abren múltiples escenarios que con la simplificación del debate –como casi siempre– se acaban viendo reducidos a dos posiciones. Ya en ese momento hablábamos de una cuestión fundamental y que va más allá (o debería ir), que es la necesidad de ampliación de derechos para la ciudadanía en una sociedad que pretenda llamarse progresista. En el caso del reciente recurso de inconstitucionalidad nos encontramos ante una situación más flagrante si cabe. El reconocimiento de los derechos de las mujeres trans como víctimas de violencias machistas es algo que no debería presentar disenso en ningún partido del arco político que pueda llamarse democrático.
Aunque creo que no debería hacer falta voy a detenerme en este punto. Las mujeres, niñas o adolescentes trans que reciben violencia la reciben por transgredir la norma heteropatriarcal de género pero también por ser leídas como mujeres, es decir, las violencias se producen en torno a dos ejes de discriminación que, si bien están relacionados, son distintos: por un lado por romper con el sistema sexo-género desobedeciendo la norma social sobre su identidad sexual; cuestión regulada en la ley 11/2014 para garantizar los derechos del colectivo LGTBI y erradicar la violencia vinculada. Pero por otro lado, reciben violencia por ser consideradas mujeres, igual que recibimos violencias machistas las mujeres cis (no trans); y esta es fruto de la desigualdad estructural. Así pues, es fundamental reconocer legalmente ambas cuestiones y reconocer los derechos asociados. Excluir a las mujeres trans de la ley de violencia machista no solo no nos suma nada a las mujeres cis en general ni a las diferentes corrientes feministas en particular, sino que nos debilita en cuanto que invisibiliza el hecho de la transversalidad de las violencias derivadas del género y la posición subordinada de todo aquello asociado a la feminidad.
Queda mucho por reflexionar, debatir y compartir sobre la cuestión trans respecto a la infancia y la adolescencia. Sería interesante y oportuno abrir un debate sereno sobre el permiso que ofrecemos como sociedad a niños y a niñas para que sean, libremente, como quieran sin poner etiquetas. Es decir, ¿estamos preparados/as para acompañar a la infancia y la adolescencia desde la escucha de sus necesidades, inquietudes y que puedan elegir sus propios itinerarios vitales sabiendo que pueden ir tomando distintos caminos y que pueden ser caminos con curvas, bifurcaciones, vueltas atrás, etcétera? Sin embargo, hoy por hoy, ante las realidades de personas que sufren por la opresión que supone la estructura de género actual debemos facilitar –también a la infancia y adolescencia– un marco de derechos que reconozca y legitime las violencias vividas.
Por consiguiente la cuestión de la violencia machista debería quedar fuera del debate partidista igual que han quedado fuera otros temas en momentos pasados. Es evidente –y no podemos caer en la ingenuidad en este aspecto– que presentar un recurso de inconstitucionalidad a una ley catalana que pretende ampliar derechos tiene rédito para el Partido Popular en el Estado español y, en esta maniobra política, esta cuestión tiene un peso importante; pero nos coloca, una vez más, ante una deriva ultraderechista peligrosa que suena demasiado próxima al autobús que paseaba hace un tiempo por algunas ciudades españolas estigmatizando a niños y niñas trans. Coquetear con visiones fundamentalistas o esgrimir argumentos fundamentalistas para urdir una estrategia política es una senda peligrosa.
Recurrir la norma catalana da rédito a los populares, pero tiene una deriva peligrosa
Gemma Altell es psicóloga social. Fundadora de G360.
Pn