El naufragio de los servicios sociales
La pandemia ha triplicado la demanda de los hogares necesitados, pero la plantilla sigue estancada y sin medios contra la pobreza. «No podemos más», afirman los trabajadores, que se reconocen «frustrados» ante la falta de inversión pública.
«Es como su tuvieras una herida muy profunda y solo una tirita para curarla. Parecemos un hospital de guerra». Así describe su trabajo una empleada del Centro de Servicios Sociales del Raval, en Barcelona. El local fue ocupado hace unas semanas por activistas que protestaban tras el enésimo desahucio en el barrio. En la capital catalana, y en toda Catalunya, los profesionales de la atención social más básica se confiesan «colapsados», «saturados», «angustiados» y «defraudados». Faltan manos, horas y medios para ayudar a los más vulnerables a salir del pozo de la miseria que, día a día, engulle a más familias. Las administraciones sabían que el sistema hacía agua. Un año después, ante la peor crisis social en años, los trabajadores denuncian que ya están naufragando. «Definitivamente, el sistema ha reventado», asumen los colegios profesionales.
Antes de la pandemia, casi un millón de personas (952.000) acudían a los servicios sociales en Catalunya, 68.000 de media al mes. Pero en 2020 el número creció el 352% y solo en septiembre de 2020 se contabilizaron 239.501 usuarios. También se triplicó la cifra de familias que necesitaron una ayuda de extrema urgencia. En enero de 2020, 7.350 hogares demandaron ayuda frente a los 20.700 de julio. Y para hacer frente a toda esta desesperación tan solo hay 3.100 empleados públicos: 1.000 educadores sociales, 1.700 trabajadores sociales y 400 administrativos que se confiesan destrozados emocional y anímicamente. Además, Catalunya está por debajo de la media estatal en la inversión de los servicios sociales y cada año tiene menos empleados, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Los datos están encima de la mesa de la Conselleria de Drets Socials y constan en la Estrategia de Servicios Sociales del Govern para 2024. Un documento que, de hecho, implora una urgente revisión y más recursos para la única puerta del Estado de bienestar que nunca cierra.
Empleados quemados
Hoy, lo que dice el papel sigue en el papel. La realidad en la trinchera es muy distinta. Tanto, que cada vez son más los profesionales que no pueden soportar la presión a la que están sometidos. «Llevo varios meses con antidepresivos y pastillas para dormir. Pensé en cogerme la baja en verano, no podía más... pero luego desistí. Mis compañeros aún estarían más sobrepasados y las familias necesitadas tardarían más en ser atendidas. Somos su última esperanza», se sincera Sonia Baceiredo, trabajadora social de Montgat y miembro de la Comisión de Servicios Sociales del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Como ella, las asociaciones profesionales constatan que los empleados de este servicio están agotados. «La sensación es que no paramos nunca. Ni en el pico de la pandemia, ni después. Y lo más frustrante es no poder mejorar la vida de las personas que atendemos, nos quedamos en soluciones temporales y precarias», insisten desde la Asamblea de Trabajadores Sociales del Raval.
Las causas de este hundimiento son múltiples. En primer lugar, está la falta evidente de personal. La ley catalana de servicios sociales estipula que cada ciudad de más de 15.000 habitantes debe tener tres trabajadores sociales y dos educadores sociales. «Esta ratio ya se demostró insuficiente con la crisis financiera», se queja Mercè Civit, vicedecana del Col·legi Oficial de
«Llevo meses con antidepresivos y pastillas para dormir», se sincera una profesional «Ni siquiera hay un sistema unificado. Cada consistorio hace lo que puede», denuncia el sector
Treball Social de Catalunya. La Generalitat y los ayuntamientos financian estos centros a través de un contrato programa. Hay municipios que incumplen esas ratios, según denuncian los trabajadores, y otros que debido al aumento de la demanda han ampliado la plantilla sin que el Govern se haga cargo. «Hay una inequidad territorial brutal que además no está cuantificada: no sabemos dónde se necesitan más medios porque ni siquiera tenemos un sistema que datos unificado. Cada ayuntamiento hace lo que quiere, o lo que puede», lamenta Rosa Maria Monreal, presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
La falta de personal implica, entre otras cosas, una abultada lista de espera que puede llegar hasta los dos meses en algunas zonas. «Estamos hablando de familias que están al límite, al borde de un desahucio o que no tienen nada para comer... No pueden esperar un mes a que les atendamos», se queja Encarna Roldán, trabajadora social en Barcelona.
Huelga en Barcelona
El consistorio, que ha contratado a 100 profesionales más a raíz de la pandemia de coronavirus, asume una lista de espera para la primera visita de dos semanas. «Pero la realidad es que no tenemos tiempo para ellos, como mucho podemos estar media hora y con jornadas de 12 horas diarias, el estrés es brutal», agrega Roldán. De hecho, en Barcelona la situación de hartazgo es tal que los trabajadores de los servicios sociales fueron ayer a la huelga. Otro gran problema es la falta de recursos. «No podemos hacer nuestro trabajo», insisten los trabajadores. En realidad, la ley catalana establece que los servicios sociales son universales, y que deben abordar temas como la salud mental, el maltrato infantil y la violencia en el hogar de cualquier persona, esté o no bajo el umbral de la pobreza. En la práctica, solo acuden a ellos los que están al límite y su trabajo acaba consistiendo en un trámite burocrático. Según el Col·legi Oficial de Treball Social, se pasan más de la mitad de su jornada haciendo informes que acrediten la miseria que ven. «Lo que tenemos que hacer es ayudar a las familias a salir del pozo, a resolver los problemas que les han hecho llegar hasta allí. Las ayudas puntuales no arreglan nada», insisten los empleados. De hecho, los servicios sociales no pueden ofrecer viviendas sociales ni tampoco rentas mensuales. «Por ley, las ayudas que podemos dar son para dos o tres meses. El resto de las ayudas dependen de otros servicios públicos que se desentienden», señala Roldán.
Un ejemplo son los pisos de alquiler social: insuficientes y con eternas listas de espera que hacen cristalizar los constantes desahucios. Otro, el drama de las rentas sociales que ofrecen la Generalitat y el Gobierno central. Los trabajadores denuncian una demora de hasta seis meses para tramitar la renta garantizada de ciudadanía. así como constantes denegaciones del ingreso mínimo vital (IMV), del que solo se han aceptado el 25% de solicitudes, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión. «Lo que está pasando con el IMV es como si tuviéramos miles de vacunas cerradas a cal y canto y solo pudiéramos dar paracetamol», sostiene el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
En BCN, la lista de espera para la primera visita es de al menos dos semanas
«Todos los servicios que cierran la puerta dicen a sus usuarios que vayan a servicios sociales. Nosotros somos el último eslabón, no podemos decirles que se vayan a otra parte, pero no tenemos soluciones dignas que ofrecer», resume Israel Ureña, representante sindical de CGT de los servicios sociales en Barcelona. Esa es la enorme frustración que está colapsando a los trabajadores. Tampoco ayuda que la Administración, lejos de reconocer su labor, aún no haya vacunado a estos trabajadores como colectivo esencial.