Pros y contras
Avancemos de una vez
El Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de PACE (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) debatió el pasado jueves el informe ¿Deberían procesarse los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?, elaborado por el eurodiputado Boriss Cilevičs en 2019. Aún no hay acuerdo final, pero el Comité apuntó que: «Los políticos necesitan un nivel particularmente alto de protección de la libertad de expresión, (…) pero esa libertad de expresión no es ilimitada». Pueden proponer cambios en la Constitución «siempre que los medios propugnados sean pacíficos y legales». Subrayó su pleno respeto por el orden constitucional de España, reconoció que «la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal», pidió que se reformen las disposiciones penales sobre rebelión y sedición que dan lugar a «sanciones desproporcionadas para las transgresiones no violentas» y se considere indultar «a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional». No se debe exigir que repudien «sus opiniones políticas», pero sí que no recurran «a medios ilegales». Palos para todos y una vía de solución. Avancemos.
Magia y tergiversación
He tenido la paciencia de leer entero el informe que el señor Boriss Cilevičs, diputado letón del Consejo de Europa, ha redactado en nombre de la comisión de Asuntos Legales del organismo que vela por los derechos humanos. No es muy amable con España. Pide que los presos políticos sean liberados, que se reformen las leyes que los condenan, y que cese la persecución de los exiliados y de aquellos que apoyaron las ideas independentistas. Una posición clara y nítida. Incuestionable. Defiende, es cierto, que España es una democracia «vibrante», pero, dicho esto, carga con contundencia contra la reacción exagerada del Estado. Y el Estado español se queja. Considera que el planteamiento «merece un reproche general del Gobierno de España». Y emite un comunicado: «El Consejo de Europa avala la actuación de España». ¿Cómo? ¿En qué quedamos? Hace magia y se agarra al relato de los hechos no como una descripción (que es lo que es), sino como una opinión (que es lo que les gustaría que fuera). Tergiversa un documento oficial de manera absurda y grosera. Y se olvida de un detalle: el informe habla de la conculcación de derechos humanos en España y... en Turquía. No hace falta decir nada más.