Energía: el coste de ‘no hacer’
El Gobierno está decidido a producir electricidad con menos coste económico y ambiental
La energía es clave en nuestras vidas, en los hogares, en la industria, en los desplazamientos… Afortunadamente, en los últimos años los avances técnicos nos permiten producir electricidad con menos coste económico y ambiental, aunque, en tanto no hayamos conseguido generalizar su uso, conviviremos con distorsiones que debemos ir corrigiendo.
El Gobierno se ha volcado en esta tarea. Estamos diseñando una transición energética para reducir nuestras emisiones de CO2 y perfilar un sistema eléctrico español sostenible y alineado con la estrategia de descarbonización asumida por el conjunto de la Unión Europea. Incluso con mayor ambición medioambiental que la marcada por Bruselas y, desde luego, con una firme vocación equitativa hacia la sociedad española en general y los sectores más vulnerables en particular.
Pensando en las personas, en estos tres años hemos adoptado más de 50 medidas para reducir el coste de generar energía. Y en la última semana hemos remitido a las Cortes el proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, para que los costes fijos vinculados al impulso a las energías limpias se carguen a las empresas proveedoras y no al usuario, como hasta ahora. Cuando entre en vigor, esta reforma rebajará hasta un 13% de media el precio del recibo. Y hemos sometido a consulta pública el futuro mecanismo de redistribución de los dividendos del CO2, que pasarán de las arcas de empresas eléctricas que los cobraban por costes que no tenían, a los bolsillos de los ciudadanos (un 4,8% de rebaja) y también de la gran industria (un 1,5%). Según nuestros cálculos, unos 1.000 millones de euros de esta cuantía podrán dedicarse cada año a este fin. De ellos se beneficiarán, entre otros, más de 350.000 hogares en riesgo de exclusión social.
La nueva factura incluye el precio de la electricidad en el mercado. Un precio que se paga al coste más alto porque la regulación europea dispone que toda la electricidad se retribuya al coste del megavatio más caro. Cuando solo una pequeña parte, dependiente del precio del gas o el CO2 en los mercados internacionales, marca el precio de todo, nos encontramos con efectos no deseados.
Y esto tiene poco que ver con la nueva tarifa por horas. Una medida que pretende evitar incrementos en el coste de mantener y ampliar infraestructuras, busca descongestionar la red y que los consumidores puedan contribuir a la política de eficiencia sobre consumos que admiten desplazar su horario. Ni todo es posible ni nada es obligatorio, pero así se incentiva la eficiencia. Y supone un cambio con respecto al criterio anterior, en el que este concepto se pagaba por igual entre todos, con independencia del consumo real.
Según la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la nueva factura abaratará los costes de ese tramo fijo hasta un 16% para el usuario residencial y, mediante un diseño de tramos horarios, permitirá ahorros adicionales. Además, ajusta el pago a los consumos reales y facilita desplazar estos a momentos de menor demanda, con beneficios para todo el sistema porque reduce los costes de invertir en más infraestructuras para soportar picos de demanda. Habrá que permanecer atentos, no obstante.
Los resultados de estas medidas serán inmediatos en algunos casos y, en otros, se apreciarán al cabo de unos meses. No solo porque necesitan el aval parlamentario, también porque la inercia del pasado, esa inacción con la que este Gobierno ha roto, aún se deja sentir sobre la economía de los consumidores y las empresas.
Lo que no podemos hacer es intervenir en los precios del gas natural y del CO2 en los mercados internacionales. Ni podemos fijar por decreto el precio de la luz. Hacemos, y seguiremos haciendo, lo que sí está en nuestra mano: redistribuir costes con mayor equidad para el consumidor, un estudio fiscal en profundidad, un cambio de modelo por otro más limpio, más eficiente y con mejor precio. Estamos revirtiendo un esquema caro, sucio, ajeno a las normas europeas y lo hemos dotado de estabilidad, confianza y un marco claro y atractivo para los inversores en este sector. Los precios de la electricidad se abaratarán al consolidarse esta apuesta por las energías limpias –las más baratas del mercado ya–. Es una apuesta de país y de justicia social en la que sobran la demagogia y el ruido.
Estamos revirtiendo un esquema caro, sucio y ajeno a las normas europeas, para dotarlo de estabilidad
PnTeresa Ribera Rodríguez es vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.