El Estado reclama la pena más alta para Pujol júnior
La acusación calcula en 7,7 millones de euros el fraude a Hacienda de la familia
La Abogacía del Estado solicita 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, 17 y medio para su exesposa Mercè Gironès y 4 años y medio para Josep Pujol Ferrusola, en el llamado caso Pujol. Una petición muy limitada en cuanto a acusados, lo que la hace muy distinta de la de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía nueve años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley por asociación ilícita y blanqueo de capitales que entendía que cometió, junto al resto de su familia (también pedía ocho años para sus otros hijos), con «la ingente cantidad de dinero» que ocultaron en Andorra, fruto del «favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana».
El escrito de los servicios jurídicos del Estado, al que tuvo acceso este diario, solo se dirige contra los dos hermanos, Gironès y los 10 empresarios a los que atribuye un delito de falsedad en documento mercantil por las facturas que presuntamente alteraron para ocultar el pago de comisiones.
Pese a todo, la Abogacía del Estado, que atribuye a la expareja un fraude a Hacienda que asciende a los 7,7 millones de euros, coincide con la fiscalía al afirmar que «a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo que Jordi Pujol Soley ostentó como presidente de la Generalitat (1980-2003), cantidades que distribuyeron entre sí los miembros de la familia, manteniéndolas ocultas a la Hacienda
Pública sin tributar por ellas». Al frente del operativo estaban el primogénito y su madre, Marta Ferrusola, exonerada por demencia sobrevenida. La mecánica consistía en hacer ingresos en efectivo en Andorra y repartirse el dinero entre todos los hermanos, que compartían entidad y cancelaron sus cuentas simultáneamente para abrir estructuras off shore, controladas por testaferros, «con la finalidad declarada y admitida de ocultar a Hacienda» su dinero. En 2014 varios miembros del clan regularizaron su situación, pero Josep Pujol lo hizo de «forma incompleta e inexacta» y su hermano mayor «no lo hizo, más al contrario, lo que hizo fue continuar – ya abierta la causa judicial– con la estrategia de ocultar sus fondos, canalizándolos hacia México».
Según apunta la Abogacía del Estado, la investigación «ha puesto de manifiesto la muy notable obtención de rentas por Jordi Pujol Ferrusola, con la imprescindible colaboración de quien era su cónyuge sin motivación económica alguna que las soporte». «El embolsamiento de fondos fue ocultado a Hacienda, se articuló mediante la utilización de sociedades meramente instrumentales, carentes de medios personales ni materiales suficientes ni adecuados para prestar ningún servicio y ello con la necesaria y directa colaboración de Gironès, que se posicionó formalmente al frente de dichas sociedades, si bien todos los pagos no declarados obedecieron única y exclusivamente a la mera presencia de Jordi Pujol Ferrusola», sostiene el escrito.