Sueños y pesadillas
La independencia es vista por una parte de la sociedad catalana como la utopía disponible, pero es percibida por otro sector como una distopía, es decir, una utopía en negativo
Más allá de la apuesta por el diálogo y la renuncia implícita a la unilateralidad, el factor más relevante de la carta manifiesto de Oriol Junqueras Mirando al futuro –remitida desde el centro penitenciario de Lledoners, coincidiendo con el primer encuentro entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès en Barcelona– es su «reflexión profunda» sobre el referéndum del 1-O de 2017. El líder de ERC tiende la mano a los que «se hayan podido sentir excluidos» y apuesta por «construir un futuro que incluya a todos».
El presidente de ERC afirma que «la reacción del Estado fue percibida por gran parte de la sociedad catalana como cada vez menos legítima y alejada de los principios democráticos». Sin embargo, acto seguido, añade: «Pero al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que nuestra respuesta tampoco fue entendida como plenamente legítima por una parte de la sociedad, también de la catalana». Junqueras no solo no apela al «mandato democrático» del 1-O, sino que reconoce por primera vez que muchos catalanes se sintieron excluidos.
No se trata solo de una consideración jurídica sobre los hechos de septiembre y octubre de 2017 que vulneraron el orden constitucional y estatutario –las leyes de desconexión, el posterior referéndum unilateral y la declaración final de independencia–, sino de una constatación prepolítica, situada en el plano emocional. La independencia es vista como un sueño por una parte de la sociedad catalana, como la utopía disponible, pero este sueño es percibido como una pesadilla por otro sector de la ciudadanía, como una distopía, es decir, una utopía en negativo. El paraíso de la independencia, en el que unos ven reflejada su plenitud identitaria, representa el infierno para otra parte de la población que se siente catalana y española, en un grado o en otro, y que no percibe la secesión como un reto político sino como una fractura emocional.
Esta realidad dual, en el plano electoral y demoscópico, se traduce en una Catalunya empatada consigo misma, sin una mayoría clara de un signo o de otro. La solución no vendrá de un nuevo ejercicio de democracia ritual –otro referéndum–, sino de un retorno a la democracia deliberativa y parlamentaria. No se trata solo de evaluar la legalidad de un referéndum de autodeterminación –instrumento que se aplica a los pueblos sujetos a dominación colonial, racista o extranjera–, sino la idoneidad misma del instrumento: nos abocaría de nuevo a una Catalunya dividida en dos mitades: el 51% frente al 49%, o viceversa.
Las fuerzas políticas catalanas, sabedoras de que la reforma del Estatut exige las dos terceras partes de los miembros del Parlament (90 escaños), deberían ser capaces de acordar una carta de autogobierno que pudiera ser refrendada por una proporción equivalente de la población. La vía plebiscitaria reproduciría un déjà-vu: aquella Catalunya empatada consigo misma, con una mitad de los catalanes muy satisfechos y la otra mitad muy cabreados, en un sentido o en otro; la vía de la democracia deliberativa, de puertas adentro y de puertas afuera, permitiría que una amplia mayoría pudiera sentirse moderadamente satisfecha.
No es una tarea fácil. En Catalunya, las fuerzas independentistas deben asumir que no pueden alcanzar la independencia con menos respaldo parlamentario que el que exige una reforma estatutaria. En España, los partidos que se definen como constitucionalistas no pueden seguir parapetándose detrás de una Carta Magna, de naturaleza no militante, que no debe ser la cárcel para combatir la diversidad sino el terreno de juego compartido para integrarla y alumbrar un nuevo nosotros, es decir, nosotros con los otros.
Sobran la retórica patriótica y la dialéctica guerracivilista. Es una técnica que las derechas españolas ya utilizaron en los debates del Estatut de 1932. Manuel Azaña, el 27 de mayo de aquel año, constató que la protesta se hacía en nombre del patriotismo y alertó: «Ningún problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo (...) Quiere esto decir, señores diputados, que nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo, y que nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica, sea acertada». ¡Ojalá acertemos ahora!