Erte, punto y seguido
Además de proteger la ocupación, se tendrían que intensificar las políticas de mejora cualitativas del empleo
Los protagonistas del mercado laboral nos han presentado, hace pocos días, el acuerdo sobre los erte. El Ejecutivo presentó sus cartas, con sus propias contradicciones internas; la patronal y los sindicatos rechazaron inicialmente la propuesta y, en el último momento, sin cambios relevantes en el contenido, llegan a un acuerdo sobre la prolongación hasta septiembre de la cobertura para trabajadores, empresarios y autónomos.
Las empresas en erte continuarán con las restricciones de mantener el empleo, limitar el despido y el reparto de dividendos, sin nuevas externalizaciones y horas extraordinarias. Con ello consiguen la exoneración del 95-85% (según sean empresas de menos o de más de 50 trabajadores) para las cuotas de Seguridad Social que han de pagar por los respectivos empleados, y del 85-75% para los que continúan en el erte. Estas exoneraciones cuestan 2.000 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social, más unos 1.400 millones de las prestaciones por erte. Es lógico incentivar a las empresas mediante la mayor reducción de sus cuotas si estas reincorporan antes a sus plantillas al trabajo.
Todo lo anterior es necesario y la mejora de los datos sobre afiliación publicados durante el mes de mayo lo avalan. Pero conforme vayamos llegando al final de este año y las ayudas externas e internas vayan terminándose, la amenaza real que suponen las disfunciones del mercado laboral volverán a manifestarse. Se puede anticipar que, en función de la caída de la actividad económica de determinados sectores, una parte de los trabajadores en erte pasarán al paro. Para determinados sectores –con unas nuevas circunstancias en el mercado– la recuperación necesitará un mayor tiempo.
Siendo importantes las medidas tomadas hasta la fecha para la protección de la ocupación, se tendrían que intensificar también las políticas activas de mejoras cualitativas del empleo, que contribuyan a que los parados hallen trabajo mediante programas de desarrollo de nuevas habilidades y competencias.
La formación provisional tendría que convertirse en el camino para la recuperación del empleo. Ahora, más que nunca, son necesarias las políticas de adaptación de los trabajadores a los cambios que se están realizando en el modelo productivo. La mejora de la empleabilidad mediante programas concretos dirigidos a formar a los trabajadores en el próximo futuro serán la clave para afrontar la era de la pospandemia. Ahora, proteger y modernizar el mundo laboral significa actuar con distintas modalidades formativas dirigidas a la mejora de la empleabilidad, especialmente mediante la FP dual, que combina la formación con el trabajo en las empresas.
Evitar nuevas situaciones de desamparo debería ser el principal objetivo del Gobierno. En este punto, es oportuno recordar que la inversión en educación en España (becas, educación infantil y formación profesional) se sitúa históricamente en la cola europea, lo que crea un déficit estructural relevante. Se ha anunciado que el presupuesto destinado a la reforma de la ley de formación profesional asciende a unos 2.000 millones de euros en tres años, con los que se pretende sustentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con estas ayudas el Gobierno se ha comprometido a mejorar la posición relativa de nuestro país y anticipa que en los presupuestos de educación para el 2025 se alcanzará el 5% del PIB, aproximándose a la media europea.
Por tanto, y antes de que sea demasiado tarde, una nueva ley sobre FP, junto a la inversión en educación y formación anunciada, tendrían que mejorar las cualificaciones de nuestros trabajadores mediante la mejora de sus competencias y la facilitación de la movilidad de amplios colectivos hacia otros sectores con mejores perspectivas de futuro. En España, la tasa de graduados de FP es del 12%, frente al 29% de la UE.
En la nueva situación, los empresarios y los centros educativos tienen que ser participantes activos en un modelo que satisfaga a todas las necesidades. La FP dual parece que va en esa dirección y, además, está avalada por diferentes países europeos como Alemania, Austria y Suiza. También las mejoras en la productividad fruto de la digitalización no deberían dejar abandonados a sectores que son importantes por el uso intensivo de la mano de obra como el turismo, la construcción, la distribución minorista, la salud pública, el trabajo inducido por el sector automovilista, etc. Solo así se logrará que el sentido social de los fondos y ayudas europeos alcancen la protección de amplios grupos de trabajadores y los erte no se conviertan en ere.
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