Cruce de reproches entre jueces y Colau por los desalojos
La alcaldesa de Barcelona exige a la justicia y al Gobierno que revisen los criterios para los desahucios. Los magistrados replican que ellos aplican la ley.
El suicidio de Segundo Fuentes, el vecino del barrio de Sants que iba a ser desahuciado, ha desatado un cruce de reproches entre el Ayuntamiento de Barcelona y las entidades sociales, por un lado, y el Gobierno y los jueces, por el otro. La alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, exigió ya el lunes a los jueces que revisen los criterios para desahuciar a personas vulnerables y al PSOE que «desbloquee ya» la propuesta de una nueva ley de vivienda.
Según la alcaldesa, en estos casos, «la moratoria permite evitar el desahucio, por lo que la abogada del afectado solicitó en dos ocasiones el aplazamiento adjuntando el informe municipal que acreditaba la vulnerabilidad». «Sin embargo, el juez decidió no aplicar la moratoria y seguir adelante con el desalojo», lamentó Colau.
En sentido contrario, el magistrado Roberto García Cenicero, coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona, replicó ayer que cree «absolutamente injusto» que se les culpe de los desahucios de personas vulnerables cuando hay una «incapacidad manifiesta de todos los servicios sociales» para garantizar una vivienda en esos casos. «Todos lo podríamos haber hecho mejor», admitió García Cenicero. Pero, a diferencia de la versión de Colau, el juez señala que la abogada de Segundo no aportó documentación para acreditar cuestiones relativas a su nivel de ingresos y su situación laboral o patrimonial.
Aplicación «como toca»
García aseguró que la moratoria a los desahucios aprobada por el Gobierno raíz de la pandemia «se está aplicando como toca». Según el magistrado, los jueces están haciendo un «análisis ponderado» de cada uno de los casos, lo que les obliga a estar permanentemente «casi de guardia», y están aplicando suspensiones «de forma generalizada» a inquilinos que no pueden pagar el alquiler si los informes concluyen que están en situación vulnerable. También reconoció que a los jueces les «molesta» que «ciertos líderes políticos estén recriminando la actuación de los juzgados» cuando son el legislativo y el ejecutivo los que deben garantizar los medios para una solución habitacional a los afectados. García Cenicero cree que cualquier mejora que se incorpore al protocolo antidesahucios sería «bienvenida», pero que la solución al problema de vivienda no puede ser la «moratoria perpetua», por lo que avisa: «Si no hay respuesta final, se va a generar un problema social que ya se nos está viniendo encima».
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lamentó «el papel de muchos jueces, que optan por tomarse la ley por su mano, obviando los informes de vulnerabilidad redactados por profesionales acreditados, para que los desahucios se hagan efectivos». La PAH exigió una ley de vivienda estatal «que acabe con la lacra de los desahucios de familias vulnerables, dando respuesta y soluciones reales: un alquiler social a las familias vulnerables». «La inacción del gobierno es una irresponsabilidad muy grave», agregó la entidad.