El suicida de Sants, solo y 3 años parado
Segundo Fuentes, el hombre que el lunes se tiró por una ventana cuando iba a ser desahuciado, estaba siendo atendido por Cáritas y por los servicios sociales de
Cáritas dice que se necesita un plan de rescate estructural y que la solidaridad no es suficiente Llama la atención que el fallecido no cobrara ninguna renta social de forma regular
Barcelona pero no había contactado con la PAH. Vivía solo y para poder pagar un alquiler de 800 euros había realquilado habitaciones a otros inquilinos.
En la alfombrilla de la entrada del piso del hombre que el lunes se suicidó cuando iba a ser desahuciado hay una inscripción. Pone home. Un día después, la palabra cobra un significado extraño: Segundo Fuentes, un ecuatoriano de 58 años que llevaba más de veinte en España, se quitó la vida porque estaba a punto de quedarse sin casa. Vivía junto a su perro y llevaba tres años en el paro. Su mujer residía en su Ecuador natal y no tenía ganas de regresar a Barcelona. Y cuando comenzó el proceso judicial que acabó ordenando que se devolviera el piso a su propietario, una pareja de vecinos de Sants que se había mudado a otro domicilio cercano y que había denunciado a Segundo porque no pagaba el alquiler, no dijo nada. No acudió a ningún grupo de apoyo de activistas antidesahucios.
«Nos sentimos frustrados», reconoce Lucía Delgado, portavoz de la PAH de Barcelona. A veces, estos colectivos son algo más que la protesta que se opone a los lanzamientos, funcionan como una terapia de grupo en la que varias personas que viven el mismo estrés que genera un desahucio inminente comparten esa carga. Segundo, al otro lado de la puerta, pidió a la comitiva judicial «un momento» antes de abrir la puerta. Y se lanzó por el patio de luces.
En el piso de debajo, una cuidadora que estaba curando los pies al matrimonio de ancianos se asomó por la ventana para ver a qué se debía aquel estruendo. Descubrió el cadáver de Segundo.
El alquiler
Segundo perdió su empleo en 2018. Trabajaba de mozo de almacén en un Mercadona. Lo explican desde Cáritas Barcelona, que lo conocieron en febrero de 2020, poco antes de que estallara la pandemia del coronavirus. Ya llevaba dos años en el paro y había agotado la prestación por desempleo. Segundo había realquilado habitaciones a varios inquilinos. Uno de ellos, una mujer, supo lo ocurrido ayer por la prensa. Contactada por este diario, rechazó pronunciarse y aseguró que la familia de Segundo, desde Ecuador, pide «respeto».
Los servicios sociales del barrio de Sants le consiguieron ayudas puntuales para ir pagando el alquiler y la compra del supermercado. También participó del proyecto Feina amb Cor hasta noviembre de 2020, un servicio de la entidad para personas que buscan un trabajo. «Se presentó a ocho ofertas distintas, pero, a pesar de sus esfuerzos, ninguna fructificó», subrayan.
Ese mes de junio, tres meses después del estallido de la pandemia, Segundo dejó de pagar el alquiler al matrimonio de vecinos de Sants al que lo arrendó. A finales de 2020, esta pareja denunció el impago y, un mes después, arrancó el proceso de desahucio por parte del juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona.
La Unidad Anti Desahucios de Barcelona acreditó en un informe que Segundo debía recibir la consideración de «vulnerable» dado que no tenía dinero para pagar los 800 euros de alquiler ni tampoco otra vivienda alternativa donde cobijarse. El juzgado, sin embargo, estimó que Segundo no cumplía los requisitos que marca la ley para recibir tal consideración.
«Muerte evitable»
«Era una muerte evitable», repiten una y otra vez las entidades sociales y los movimientos antidesahucios. Desde el Ayuntamiento de Barcelona acusan al juez de hacer «una lectura restrictiva de la moratoria de los desahucios». «Debería haber sido más garantista», critica Lucía Martín, concejala de vivienda. «Le llamamos el pasado viernes y no quiso explicarnos por qué no se le consideró vulnerable porque no somos parte implicada en el procedimiento judicial», lamenta Martín. La concejala añade que habitualmente los jueces acostumbran a darles más tiempo para encontrar una solución.
Llama la atención que Segundo no cobrara ninguna renta social regular, como son el ingreso mínimo vital o la renta garantizada de ciudadanía. Cáritas confirma que tenía permiso de trabajo y de residencia legal en España y que, por lo tanto, tenía derecho a percibirla. El ayuntamiento no ha querido concretar si era beneficiario de tal renta.
La PAH ha convocado una concentración en el barrio de Sants para denunciar la «situación límite» que viven miles de familias. Imploran, además, una Ley de vivienda estatal que garantice el derecho a la vivienda, limite los precios del alquiler y evite más muertes por culpa de un sistema injusto». «Nadie analiza lo que ha pasado. Vivienda, salud mental, vulnerabilidad... todo se mezcla y cuando explota nos salpica a todos», razona una trabajadora social de Barcelona, afectada por lo ocurrido. «Casos como este muestran el grado de sufrimiento de las personas que no tienen trabajo ni pueden pagar los gastos de vivienda ni alimentación», se quejan desde Cáritas Barcelona, que recuerdan que el 67% de las personas que atienden no tienen una vivienda digna, que el 25% de los hogares no perciben ningún ingreso y que casi la mitad de sus usuarios han sufrido uno o más ataques de ansiedad o pánico. Cifras récord que incluso superan las de la crisis financiera. «Insistimos en un plan de rescate estructural, desde la solidaridad no lo podemos solucionar», concluyen.