Alerta por los malos tratos a los mayores
Tras la catástrofe del coronavirus, Amnistía Internacional pide leyes urgentes para proteger los derechos de las personas en residencias.
Ni los 29.628 fallecidos por covid19 en residencias (4.543 en de ellos en Catalunya) ni las repetidas denuncias de las vulneraciones de los derechos de las personas mayores durante la pandemia han producido aún «cambios estructurales relevantes» en el modelo de atención a esta población, según Eduard Martínez de Amnistía Internacional.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez que se celebra el 15 de junio, la organización de defensa de los derechos humanos ha publicado una guía dirigida a autoridades estatales y autonómicas con una propuesta de iniciativa legislativa para mejorar la calidad de vida de los usuarios de centros residenciales.
También las entidades locales que luchan contra los malos tratos en la vejez consideran que la clave para lograr «cambios reales» está en pasar del actual enfoque asistencial a una mirada basada en los derechos humanos. En una investigación publicada en diciembre pasado, Amnistía ya denunció la vulneración durante la pandemia de los derechos a la salud, a la vida, a la vida familiar, a la no discriminación y a una muerte digna.
Más allá de las medidas de corte sanitario y de exigir más recursos públicos, el documento publicado ayer también pide garantizar la participación de estas personas en las decisiones sobre su futuro.
Asimismo, Amnistía califica el trabajo de la fiscalía durante la pandemia de «insuficiente» y exige una investigación independiente para determinar la responsabilidad de gobiernos y gestoras de los centros en las vulneraciones de derechos. El objetivo es evitar que esta situación pueda repetirse en el futuro.
Debate parlamentario
«Como primer paso debería producirse un debate parlamentario que derivara en una iniciativa legislativa a nivel autonómico para cambiar el modelo residencial, que ahora funciona como un párking o una especie de guardería», considera Martínez. Esta iniciativa debería hacerse «con una perspectiva interseccional, de derechos humanos y de género», puesto que el 70% de los usuarios de residencias son mujeres.
Aunque el Departament de Drets Socials se ha interesado por la publicación de esta guía, ningún portavoz se avino ayer a comentar el documento ni entraron a valorar la conveniencia de celebrar un pleno monográfico o una comisión parlamentaria sobre esta cuestión.
La petición de una nueva ley que proteja los derechos de los mayores tanto en las residencias como en todos los ámbitos de la vida no es nueva. La combativa portavoz de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1, María José Carcelén, advierte de que una ley estatal «obligaría a modificar la Constitución y de nada serviría si no aumentan las ratios de personal ni hay suficientes inspectores».
Las reflexiones de Carcelén reflejan la diferencia entre enfocar la atención a los mayores desde el punto de vista exclusivamente sanitario o social a hacerlo desde los derechos: «No es posible que abran el ocio nocturno y se pueda ir a cenar hasta la una de la madrugada mientras las residencias siguen en un régimen carcelario o, como en Catalunya, solo se permita una visita semanal. ¡Los derechos no cambian con la edad!».
Nuevo modelo de atención
Uno de los proyectos emblemáticos de la Generalitat es la inversión de fondos europeos Next Generation en la transformación del modelo de autonomía y atención a las personas mayores. Con un presupuesto de 396,7 millones de euros, se busca, entre otras cosas, enfocar la atención a la vejez en el domicilio y en unidades de convi
vencia, en lugar de en residencias masificadas.
«Me temo que estos fondos se los llevarán los mismos de siempre –opina Ingrid Silvestre, directora de la residencia de 24 plazas L’Olivaret de Barcelona–. Dirán que están haciendo un macro centro con unidades de convivencia y ya está. Desde Europa se apuesta por este modelo, pero aquí no sale a cuenta porque se tiene una mirada económica a corto plazo. No se tiene en cuenta que, si las personas están bien de salud, contentas y pueden llevar a cabo su proyecto de vida, enferman mucho menos y eso supone un ahorro importante a nivel sanitario».
Silvestre, que también ha participado en la III Jornada El bon
tracte ens fa grans sobre los malos tratos en la vejez, considera que una futura ley de los mayores «tiene que hacerse poniendo la mirada en la propia persona, en qué querrá y cómo querrá vivir cuando sea dependiente y no en lo que decidan los demás». Al final, concluye, «tanto paternalismo con la gente mayor también es violencia porque estás anulando su voluntad».