El aprobado de Bruselas
La Comisión Europea (CE) ha dado su visto bueno al plan de recuperación presentado por España. Después de meses de negociaciones era el paso previsible, pero indispensable para que comiencen a fluir los esperados fondos europeos este mismo verano. La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, viajó a Madrid para entregar en mano a Pedro Sánchez las recomendaciones de Bruselas para España, el primero de los países que visitará –en los próximos días irá a Dinamarca, Grecia y Luxemburgo–, lo que puede dar una idea de la atención que la economía española suscita en las instituciones europeas. Si, como es de esperar, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) da su aprobación en su reunión del 13 de julio, España podría recibir automáticamente un anticipo de 9.000 millones de euros de los 69.500 millones que le corresponden en concepto de subvenciones a fondo perdido (en torno a otros 70.000 millones de euros lo serían en créditos blandos). Según el calendario de Bruselas, en octubre se desembolsarían otros 10.000 millones de euros, y así sucesivamente en diversas entregas hasta 2026. Para este año, por tanto, España recibiría 19.000 millones de euros de fondos europeos, tan solo el 70% de los 27.000 millones que había previsto el Gobierno español para los Presupuestos de 2021. El porqué de este desfase podría interpretarse como una rebaja de las expectativas europeas sobre el cumplimento del plan. En cualquier caso, trastoca las previsiones presupuestarias del Gobierno, que quizá eran demasiado optimistas.
La ayuda europea no será incondicional. En una operación sin precedentes, la Comisión captó el martes pasado 20.000 millones de euros en los mercados, en la primera emisión de deuda pública para el plan de recuperación. Para llegar a este punto, ha habido que superar las reticencias de algunos de los países menos endeudados de la Unión, y Bruselas se mantendrá vigilante sobre el destino del dinero que reciban los más beneficiados, con España e Italia a la cabeza. Los fondos europeos se irán desembolsando a medida que cada país cumpla los compromisos de inversiones y reformas, que en el caso de España tiene puntos calientes como las pensiones o los impuestos.
En su valoración, la Comisión Europea destaca que España destinará el 40% de los 69.500 millones a la transición verde (el mínimo exigido era el 37%), y el 28% a la transformación digital (también por encima del 20% mínimo). Ello, sumado a las reformas para reducir la segmentación del mercado laboral, de políticas activas de empleo, del sistema de pensiones o del sistema fiscal, entre otros, llevan a Von der Leyen a concluir que el plan aprobado «transformará profundamente la economía de España, la hará más verde, más digital y más resistente». El escenario no puede ser más prometedor, si no fuera porque todo esto debe completarse en cinco años, en los cuales el Gobierno debe tejer amplios acuerdos, hoy por hoy complicados. Pedro Sánchez no debería escudarse en las exigencias de Bruselas para imponer reformas sin contar con los agentes sociales y resto de fuerzas políticas. El plan aprobado únicamente fue pactado entre los dos socios del Ejecutivo, pero no con el resto de los partidos que apoyaron la investidura, lo que ahora deja en el aire los compromisos adquiridos ante Bruselas. Una estrategia irresponsable, ya que el incumplimiento de esos compromisos puede paralizar las ayudas. Y ya hemos visto en la menor entrega prevista para este año un atisbo de lo que esto puede significar para la recuperación.
Tras el visto bueno de la Comisión Europea al plan de recuperación español, el Gobierno debe buscar apoyos para acometer las reformas comprometidas
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