Colau pide que Girona y Reus sean la ampliación de El Prat
El PSC se desmarca de la propuesta de su socio de gobierno con un informe propio que elogia la creación de empleo y las compensaciones ambientales.
El debate sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat recuerda cada vez más a la discusión sobre el tranvía por la Diagonal. Porque salen opiniones como setas, porque los técnicos a menudo quedan tapados por la cosa política y porque la ciudadanía observa el campo de batalla como quien sigue un partido de fútbol americano, moviendo la cabeza de un lado al otro sin entender demasiado quién gana o cómo avanza el asunto.
Ayer, la parte del gobierno municipal que se opone a la extensión de la tercera pista, es decir, los ‘comuns’, presentó un sesudo estudio que arroja catastróficas desdichas para la ciudad si finalmente el aeródromo gana espacio en terrenos de La Ricarda. A la vez, el PSC, la parte más afín a Aena del mismo gobierno, blandió, sin tanto ruido y para que conste su posición, su propio informe. Un ejecutivo con dos visiones distintas, que, sin embargo, carece de competencias en materia aeroportuaria.
Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, y Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática, presentaron los detalles de este análisis elaborado por la empresa pública Barcelona Regional. Como ya hicieran con la presentación de las opciones para conectar el Trambaix y el Trambesòs, esgrimieron las distintas alternativas para acabar concluyendo que la mejor es precisamente la que ellos defienden. Es decir: «La mejor propuesta es un híbrido que permite conectarnos mejor con el mundo, reducir las emisiones, no perjudicar al territorio y a la vez usar las inversiones con una nueva terminal pero sin ampliar el perímetro actual».
La concejala de los ‘comuns’ coincide con Aena en que es necesaria una nueva «terminal satélite» y reclama «medidas de eficiencia en el tráfico aéreo». «Planteamos -ha proseguido- una gestión de sistema aeroportuario que incorpore sobre todo a Girona, pero también a Reus, y sustituir los vuelos cortos por la alta velocidad ferroviaria». Sobre la actitud del operador, lamenta que quieran «empezar el hub por el tejado», y reclamó que la mesa de diálogo iniciada por la Generalitat con todos los implicados sea realmente un «espacio de trabajo y no de imposición y chantaje». «El interés general –prosiguió– merece poner sobre la mesa evidencias científicas y verdades». Sobre el papel del aeropuerto de Girona, el estudio de Barcelona Regional recuerda que las compañías prefieren poder operar desde un mismo aeropuerto. Para resolver este escollo, recetan que el grueso de vuelos low cost vuelvan a Girona, una opción «que pasa por resolver la estación de alta velocidad de este aeropuerto».
Huella ambiental
Badia se quedó el apartado de alertas, todo lo que puede pasarle a la capital catalana si El Prat gana los 20 millones de pasajeros anuales que parece anhelar Aena. Ese crecimiento, señaló, implicaría de manera directa 2,8 toneladas más de dióxido de carbono en la ciudad. Pero hay más. Si se tiene en cuenta que la mitad de los visitantes son turistas, supondría un consumo extra de cuatro hectómetros cúbicos de agua, 260 gigavatios hora de consumo energético, 48.000 toneladas más de residuos y mayor presión sobre vecinos y comercios. Todo esto genera una huella ambiental de otras tres toneladas de CO2. Y teniendo en cuenta que de cara al 2030 Barcelona se ha comprometido a reducir un 55% las emisiones con respecto a 1992, lo que generaría la ampliación del aeropuerto por sí solo multiplica por tres, en negativo, el reto que la ciudad tiene entre manos en los próximos 10 años. Deberíamos bajar 1,9 toneladas y se estarían generando 5,8.
Sanz también recordó que la propuesta la ha hecho «un operador» que es de titularidad pública en un 51% pero que responde «también a intereses privados», y que, en cualquier caso, será el Gobierno quien deberá lanzar una propuesta concreta. «El futuro del aeropuerto no se puede hacer en base a presentaciones de Power Point o declaraciones en los medios de comunicación. Debe decidirse en base informes rigurosos».
El estudio con el trabaja el PSC, encargado por el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, lleva la firma de la empresa de consultoría aeroportuaria GPA i coincide en buena parte con los postulados de Aena. En sus conclusiones se señala que el impacto de las actuaciones previstas generaría más de 365.000 puestos de trabajo directos e indirectos, lo que supondría el 8,9% del PIB catalán, que las medidas compensatorias «suponen ampliar el espacio protegido» y que el plan generaría «una mejora acústica» sobre las poblaciones del entorno. En resumen, poco que ver con lo esgrimido por Barcelona Regional.
Los ‘comuns’ defienden una terminal satélite pero sin cambiar el perímetro actual El concejal Badia advierte de la huella ambiental de un crecimiento sin control