PP y PDECat plantean una amnistía a las plataformas de ‘delivery’
Mañana se votan las enmiendas a la ley sobre las ‘apps’ que operan con falsos autónomos El PP emula a Vox y avanza que la llevará al TC
PANORAMA | P. 14
El PP y el PDECat proponen que las plataformas digitales que en los últimos años se han dedicado al reparto a domicilio a través de falsos autónomos sean amnistiadas. Es decir, que firmas como Glovo, Deliveroo y UberEats no deban abonar las cuantías atrasadas en conceptos de cuotas a la Seguridad Social que deberían haber pagado por sus repartidores desde que comenzaron a operar hace años mediante el modelo de trabajadores por cuenta propia. Así se deriva de las enmiendas presentadas por estos dos grupos políticos con representación en el Congreso sobre el texto normativo de la ley rider, cuya votación definitiva tendrá lugar mañana antes de pasar al Senado. Estas también incluían inicialmente una enmienda del partido de Íñigo Errejón que pretendía restringir el acceso de los trabajadores a los algoritmos de las plataformas, aunque esta finalmente fue retirada.
La nueva ley de trabajo en plataformas digitales de reparto ya ha superado el trámite parlamentario y entrará en vigor el próximo 12 de agosto, cumpliendo con el periodo de transición para las empresas del sector que el Ministerio de Trabajo pactó con la patronal y los sindicatos. No obstante, pese a que su convalidación como real decreto ya fue aprobada en el Congreso, en dicha votación también se habilitó que los grupos parlamentarios pudieran proponer enmiendas para modificar dicho texto. Y eso es lo que se votará mañana, cerrándose así el trámite legislativo de la norma para los riders antes de saltar al Senado para su fase final.
Aquí algunos de los partidos con representación en la cámara baja han enviado ya sus enmiendas y las más destacadas son las del Partido Popular y las del grupo del PDECat. Ambos coinciden, desde sus respectivos planteamientos, en el mismo punto: las plataformas del sector no deben pagar por sus malas prácticas ante la Seguridad Social. Y es que durante los últimos años, el criterio de Inspección de Trabajo en todas sus actuaciones ha sido unánime: los riders operaban como falsos autónomos. Según las últimas estimaciones de la patronal del sector, unos 30.000 trabajadores operan actualmente en el delivery de plataformas.
Las diferencias entre las amnistía propuestas desde el PP y el PDECat, no obstante, son sustanciales. Los populares pretenden una amnistía total: borrón y cuenta nueva para las empresas, que no deberían pagar ni los requerimientos de Inspección ni por los trabajadores en fraude, pero no detectados. Y el PDECat plantea una amnistía parcial, pues sí considera que las plataformas deben pagar por las actuaciones liquidadas por Inspección, pero rechaza que la Seguridad le reclame a las empresas cualquier otra cotización antigua. De hecho, fuentes de los posconvergentes rechazan el calificativo de «amnistía» y marcan distancias con los populares.
Nuevo recurso ante el TC
El PP pretende elevar su oposición ante dicha norma y ha anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional, según avanzó su portavoz, Cuca Gamarra, ayer en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. El PP sigue así la estela de Vox, que ya ha presentado formalmente su recurso, al entender que la vía de urgencia empleada vulnera los derechos de los grupos parlamentarios.
Hasta ahora este modelo laboral se traducía en que eran los trabajadores los que asumían las cotizaciones para con la Seguridad Social y no las empresas. Y en un importe menor, debido a las diferencias entre regímenes. Lo que, cuando actuaba la policía laboral, se saldaba con un requerimiento a las empresas a abonar lo que se ahorraban en costes laborales al erario público. Los importes varían desde 3,8 millones de euros a Glovo por su operativa en Barcelona, hasta los 1,2 millones de euros a Stuart o 800.000 euros a UberEats; pasando por importes que no han trascendido a cargo de Deliveroo en Madrid y Barcelona. El dinero que tendrán que pagar todas las plataformas digitales, en consecuencia, tampoco ha trascendido pero sumando a Amazon podría rondar los 30 millones de euros. A lo que cabría sumar todos aquellos trabajadores sobre los que no hay juicio o actuación en vigor, pero que han operado para las plataformas.
Los posconvergentes alegan que nuevas multas de Inspección de Trabajo generarían «inseguridad jurídica»
Entre todas las aplicaciones del sector acumulan unos 30 millones en deudas por emplear a falsos autónomos
«Inseguridad jurídica»
«La presunción de laboralidad establecida […] será sin perjuicio de que se consideren válidas a todos los efectos las cotizaciones que se hubieran realizado a la Seguridad Social con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley», plantea el PP en su enmienda a la ley. Una propuesta que justifican con un escueto «mejora técnica», sin mayores explicaciones de porque estas empresas deberían de dejar de abonar esos millonarios importes por malas prácticas acreditadas en el Tribunal Supremo.
El PDECat sí ha considerado oportuno justificar más allá de dos palabras su propuesta, que implicaría (de aprobarse) una pérdida de ingresos millonaria para el fisco y el ahorro consecuente para las plataformas. Los posconvergentes arguyen que dicha amnistía sería en pro de «garantizar la seguridad jurídica», ya que considera que cobrar los requerimientos por emplear falsos autónomos sería un cobro «retroactivo», en tanto que la ley entra en vigor a partir del 12 de agosto. Y que ello iría en detrimento de la estabilidad de las empresas del sector de cara a futuro. Es por ello que consideran que las empresas no deben pagar por ningún rider que no haya detectado Inspección de Trabajo.
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