El TSJC rechaza investigar a un diputado de Junts
El tribunal no ve bien motivados los indicios de que Dalmases se lucró de subvenciones
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rechaza investigar por ahora al diputado de Junts en el Parlament Francesc Dalmases, a quien el juez instructor Joaquín Aguirre le atribuía lucrarse de subvenciones presuntamente irregulares que percibieron dos asociaciones vinculadas a su persona, Catmon e Igman. Estas dos oenegés percibieron 1,3 millones de euros de 2014 a 2016, de los que al menos 224.000 euros fueron a parar al parlamentario, según los informes policiales.
El TSJC se declara no competente para investigar al diputado, que, por su condición de aforado, solo puede ser imputado por este tribunal. Los magistrados consideran que en la exposición razonada del juez no se han motivado «suficientemente» y de forma individual los indicios delictivos presuntamente cometidos por Dalmases. Así, el caso, en el que estarían implicadas 69 personas, vuelve al juzgado de instrucción, que proseguirá con las pesquisas.
La fiscalía, según detalla la misma resolución, se opuso a que el TSJC asumiera la causa porque, a su entender, no se habían practicado todavía todas las diligencias posibles, a la vez que alegó que el juez Aguirre basaba algunas imputaciones «únicamente» en los atestados de la Guardia Civil.
El alto tribunal acepta el planteamiento de la fiscalía y sostiene que «no es posible asumir en este momento» la competencia de las pesquisas, dado «el estado embrionario de la investigación judicial» y «ante la falta de concreción e individualización» de las conductas de Dalmases en relación a los delitos que se le atribuyen, como el de prevaricación y el de tráfico de influencias. El auto incide en que los datos facilitados por la policía judicial precisan de comprobaciones,
El juez de instrucción sostiene que el cargo de JxCat se benefició de ayudas a entidades vinculadas a él
requerimientos documentales, testificales e interrogatorios, y que de ello se debe hacer cargo el juez instructor.
Falta de concreción
Sobre el delito de malversación, la resolución indica que tampoco se ha individualizado «la concreta actividad desplegada» por Dalmases «en cada subvención bajo sospecha, pues al entender de los magistrados, el togado solo incluyó una «relación nominal» de las personas que intervinieron en cada expediente administrativo, pero sin «ninguna precisión» de la actuación del parlamentario. El TSJC avala la posibilidad de que el diputado facturara a Catmon por la dirección y colaboración de las revistas «para cuya publicación» se otorgaban las subvenciones.
El TSJC incide en que es «significativo» que los informes de la Policía Nacional antes de que la Guardia Civil asumiera la investigación concluyeron que no estaba claro el destino de los fondos de la asociación Igman (Dalmases la presidió hasta 2017) ni de Catmon (era el secretario), y que «tampoco se aclara» en la exposición del juez «las investigaciones para comprobar si se concluyeron y justificaron los trabajos para cuya realización fueron concedidas las subvenciones», o «lo que es igual, si más allá de las irregularidades administrativas descritas como incumplimiento de las bases de la convocatoria y de la normativa de la justificación», existen indicios de delito.