La Comisión investiga un laudo de España sobre las renovables
La autoridad comunitaria analiza si el arbitraje con Antin fue una ayuda encubierta
Bruselas pone en duda el laudo arbitral que obliga a España a compensar con 101 millones de euros –más intereses y las costas del proceso- al fondo de inversión en infraestructuras Antin, con sede en Luxemburgo y Países Bajos, por el recorte a las primas de las renovables. La Comisión Europea anunció ayer la apertura de una investigación para examinar si el laudo, emitido en 2018 por el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), esconde una ayuda ilegal.
El caso se refiere al régimen instaurado por España en 2007 en apoyo a la producción de electricidad de fuentes de energía renovables y sobre el cual no notificó a los servicios de la competencia europeos. En 2013, España modificó las condiciones en las que las instalaciones de energías renovables podían obtener ayuda y aplicó los cambios con carácter retroactivo a aquellas instalaciones que ya habían empezado a beneficiarse del régimen de 2007. Bruselas autorizó los cambios en 2013.
Antin Infraestructura Services Luxembourg y Antin Energía Termosolar habían llevado a cabo inversiones en instalaciones de energías renovables en España,
que se beneficiaban del régimen de apoyo de 2007. Tras la modificación de 2013, Antin inició un procedimiento de arbitraje para obtener una compensación por el cese del apoyo que sí habría recibido con arreglo al régimen de 2007.
Ventaja equivalente
Cinco años después, en 2018, un laudo del CIADI dictaminó que España había infringido el Tratado sobre la Carta de la Energía y ordenó al Gobierno español compensar con 101 millones al fondo de inversión por las pérdidas sufridas con las modificaciones del régimen. La conclusión preliminar de Bruselas es que el laudo arbitral constituye una ayuda estatal que otorga a Antin una ventaja equivalente a la que le otorgaba el régimen de 2007 no notificado a Bruselas.