El descrédito de las instituciones
El domingo escribí que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el estado de alarma podía convertir a España en un gallinero. ¿Cómo puede funcionar un Estado en el que una fuerte y larga limitación de derechos para luchar contra el coronavirus –una amenaza mundial– promulgada por el Gobierno amparándose en sus presuntas facultades y avalada luego por el Congreso de Diputados, es declarada, muchos meses después, inconstitucional por el alto tribunal que debe vigilar el respeto a la Carta Magna?
La irremediable consecuencia será, en primer lugar, la pérdida de credibilidad del Gobierno de la nación. ¿Es fiable un Gobierno que dice tener facultades para imponer, con el estado de alarma, el confinamiento y que al final resulta que no las tenía? La bofetada es descomunal y aunque el Gobierno (declaraciones del ministro de la Presidencia Félix Bolaños a El País del domingo) viene a decir que no pasa nada grave ya que el estado de alarma ha funcionado, sí pasa.
Y para que la sentencia haga menos daño, el Gobierno –y los que la creen equivocada que son de entrada cinco de los 11 jueces actuales del TC– deben argumentar que la sentencia es equivocada y ha sido votada en condiciones poco regulares. Primero, porque
La sentencia sobre el estado de alarma debilita la autoridad moral tanto del Gobierno como del propio TC
el recurso fue presentado por Vox, que en el Congreso votó sí al estado de alarma. Y la sentencia no discrepa –por lo hasta ahora conocido– del confinamiento. Dice solo que no se podía dictar con el estado de alarma, sino que requería el estado de excepción –más duro, más corto (máximo de dos meses) de lo que duró la alarma, y que requiere la previa aprobación del Parlamento–. Además, en el TC hay cuatro magistrados con su mandato de nueve años caducado que no han sido sustituidos en tiempo y forma por incapacidad de los dos grandes partidos y una dimisión tampoco cubierta por las mismas razones.
Y en esas circunstancias, contra el criterio de su presidente y por seis votos contra cinco, el TC se ha cargado la norma excepcional que durante muchos meses ha permitido enfrentarse a la pandemia.
Para muchos el Gobierno ha quedado tocado. Para otros es el TC el que ha actuado de una forma extraña que no permite descartar la enemistad de la derecha judicial hacia el Gobierno (aunque dos magistrados conservadores relevantes lo han apoyado). La consecuencia es que tanto el Gobierno como el TC salen del conflicto con menos autoridad moral. Hay descrédito de las dos altas instituciones, el Gobierno y el Tribunal Constitucional,
que se suma al de los dos partidos principales que no han sabido consensuar la renovación de las instituciones judiciales. Y todo debido en gran parte a la fuerte crispación que desde hace años domina la política.
Este descrédito perjudica a todos, salvo a los populismos (de derecha e izquierda) y a los antisistema. La encuesta publicada ayer por este diario mostraba que la nota de valoración del presidente Sánchez, castigado por meses de crisis y de pandemia, ha caído del 4,7 al 4,3 en algo mas de dos años. Pero el líder de la oposición, Pablo Casado, no se ha beneficiado pues ha bajado del 3,8 al 3,5. Y no hay hoy ningún otro partido capaz de encabezar, según la encuesta, lo que parece que seguirá siendo (ganen unos u otros) un muy difícil pacto para formar el próximo Gobierno.
Que la permanente crispación de la vida política acabe degradando las instituciones daña el funcionamiento y el crédito del país. Y solo podría beneficiar, pese a que por ahora las cuentas tampoco les salen, a los contrarios a la democracia.