Aplazado en el Raval un desahucio en un antiguo narcopiso
El apoyo de los vecinos y del Sindicat d’Habitatge logra suspender durante 10 días la ejecución del desalojo, que afecta a una mujer y a sus dos hijos, de 9 y 11 años.
Elisa es una mujer de 41 años, con dos hijos de 9 y 11, sobre la que pesa una orden de desahucio que con el apoyo de sus vecinos ha logrado parar, al menos durante 10 días. Reside en la calle de Vistalegre, en el Raval, en un piso propiedad de Bankia. La vivienda fue utilizada por narcotraficantes entre 2012 y 2017, hasta que Elisa entró a vivir aprovechando unos días en los que los anteriores inquilinos dejaron el piso vacío. Los vecinos tuvieron que acudir en varias ocasiones a defender a la familia ante los intentos de los traficantes de recuperar la vivienda por la fuerza. «Venían con armas para echarnos –cuenta Elisa–. Además, cuando ya nos lo habíamos quedado, vinieron de Bankia a quitárnoslo también».
Los vecinos, después de denunciar la situación reiteradamente, no obtuvieron respuesta ni de la policía ni del sistema judicial. Además de solicitar (sin éxito) un alquiler social y presentar una solicitud para la moratoria de desahucio con un informe de vulnerabilidad, el juez desestimó esta circunstancia. Así que ayer, a las nueve de la mañana, convocados por la Asamblea de la Vivienda del Raval, Raval Rebel, estaban tanto la asociación de vecinos como el Sindicat d’Habitatge en el número 4 de la calle de Vistalegre para apoyar a Elisa ante el desalojo previsto para hora y media después. Mientras los presentes coreaban «el barrio no se vende, el barrio se defiende» y «este desahucio lo vamos a parar», la presión logró parar los protocolos de desalojo, pero únicamente durante 10 días. Durante este tiempo, tendrá que intentar conseguir un alquiler social que tiene que facilitar Bankia. En caso de no ofrecérselo antes del 29, se ejecutará el proceso.
«Quieren degradar el barrio»
«Es muy grave que Elisa y sus hijos no puedan acceder a una vivienda de otra forma que no sea ocupando», subrayó Quim Martorell, de Raval Rebel. Y recalcó que ha habido más interés en desalojar a esta familia que a los traficantes. En su opinión, lo que se persigue es que el barrio se degrade y quede vacío para que suba el precio de los pisos. «Todo el mundo tiene la potestad de tener un lugar asequible para vivir, no hace falta que seas vulnerable», prosiguió. Y reiteró que lo terrible es que la gente no tenga recursos para una vivienda digna. Igualmente, aprovechó para denunciar el racismo inmobiliario, pues hay muchos contratos falsos e impedimentos a la hora de alquilar un piso destinado a extranjeros.