El lujo de circular por Barcelona
El impuesto de circulación garantiza a todos los coches poder circular por Barcelona y por todas las ciudades y carreteras públicas. Sin embargo, hay que resignarse a la idea de que este lujo pronto caducará. Desde que Londres inauguró en 2003 el peaje urbano, para frenar la saturación de vehículos y la gravísima contaminación provocada por estos, la tendencia se ha convertido en imparable. De ahí que esté poco justificado el revuelo provocado por el plan de la plataforma Barcelona 22, salvo por el atrevimiento de los promotores de fijar el importe de la tasa y porque la fabulosa recaudación que calculan (370 millones por año) suena a cuento de la lechera.
La letra pequeña de la ley imprescindible para autorizar el peaje en la zona de bajas emisiones podría romper el cántaro de tanto optimismo. De entrada, el objetivo no debería ser la recaudación sino la sostenibilidad del modelo. Es pronto para avanzar conclusiones; el anteproyecto de la ley de movilidad sostenible echó a andar hace un par de meses y no se aprobará antes de 2023. Lo que es seguro es que se aprobará, puesto que es uno de los compromisos adquiridos con la Unión Europea a cambio de recibir los fondos Next Generation.
Hay tiempo para la discusión y para consensuar los detalles de la tasa barcelonesa, en la cuantía, en el tratamiento a los residentes, en las exenciones por el tipo y el uso de vehículos y en el destino de los ingresos obtenidos. Este se presume como el debate central de las próximas elecciones municipales y esta perspectiva, de cumplirse, ya constituiría una buena noticia, dados los precedentes. Los profundos cambios en la movilidad que están convirtiendo la conducción por el centro de Barcelona en una yincana disuasoria, para mortificación de los conductores, fueron introducidos en el sigilo del parón pandémico, eso sí, justificados en la mejor de las intenciones. Para no reincidir en la unilateralidad municipal y por la trascendencia de la decisión, estaría bien someterla a referéndum.
■