Una mujer afronta cinco años de cárcel por entregar tarde a sus hijos al padre
Silvia Aquiles ha sido reconocida como víctima de violencia institucional al habérsele aplicado el falso síndrome de alienación parental.
Cinco años de prisión solicita la acusación particular; dos años, la fiscalía, y absolución, la defensa. El futuro de Silvia Aquiles pende de un juez. Esta madre de dos menores de edad se enfrenta a una pena que puede comportar su ingreso en la cárcel tras la denuncia presentada por su exmarido y avalada por la fiscalía por un presunto delito de sustracción de menores porque, a su parecer, no le había entregado a los hijos fruto de su matrimonio a tiempo después de que la justicia le retirara la guarda de uno y la patria y potestad de otro. En el trasfondo de este asunto está la aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP), es decir, la posible influencia en los pequeños en contra del padre.
Silvia y su amiga Isabel Hervás son la primeras dos madres en Catalunya que un reciente estudio confirma que han sufrido violencia institucional. La Administración de justicia les quitó a sus hijos afirmando que padecían el denominado síndrome de alineación parental, una falsa patología rechazada por la comunidad científica, las Naciones Unidas y el mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A la vista asistieron ayer con observadoras representantes de la asociación Dones Juristes que, en un comunicado, denunció la aplicación de ese falso síndrome.
Un calvario
El juicio debía empezar ayer en Barcelona, pero ante la presentación por parte de la defensa de diversa documentación, entre ella un informe de la Universidad Carlos III sobre la aplicación el cuestionado SAP, la vista fue aplazada hasta el próximo 15 de mayo. Pero la historia de Silvia va más allá. Su calvario empezó cuando denunció a la que era su expareja por presuntamente haber abusado sexualmente del niño, que ahora tiene 5 años, y de la niña, de 7 años, cuando aún estaban juntos. El caso fue archivado por falta de pruebas, aunque, a partir de entonces, todo se le giró en contra.
Un juzgado de familia acordó el 17 de febrero de 2020 separar a los dos hermanos al entender que la
Fiscalía y acusación particular le atribuyen un delito de sustracción de menores
mujer impedía mediante «excusas» y «acciones judiciales» contra el padre que los niños recuperaran el vínculo con el progenitor, transmitiendo a los pequeños mensajes negativos hacia él (del que se separó en 2016), como los relativos a los supuestos abusos sexuales. La magistrada retiró la patria y potestad de la niña a Silvia y al padre y la derivó a un centro tutelado porque la menor no quería vivir con el progenitor. El niño fue a vivir con su padre. A partir de entonces, la mujer solo puede ver a sus hijos de vez en cuando.
El falso SAP le ha perseguido en todo momento. Una supuesta tardanza (negada por la defensa) a la hora de entregar a los niños a la que fuera su pareja es lo que le ha ocasionado la petición de cárcel.
La defensa de Silvia sostiene que no estuvo los 14 días sin entregar a los niños en el juzgado, tal y como sostiene la fiscalía en su escrito de acusación, sino que se fue unos días a Girona para recuperarse de una gastroenteritis (tiene justificante médico), y que su abogada estaba de baja por enfermedad y no le pudo comunicar el requerimiento judicial. Cuando lo hizo, días después de que se dictara la decisión, la mujer se dirigió al juzgado para entregar a los niños, tal y como presenció en su día EL PERIÓDICO. Por esta razón, la abogada de Silvia sostiene que no ha cometido ningún delito.
Ayer, en las cuestiones previas del juicio, la abogada de Silvia, Antonia Ortiz de Arcos, fue más allá y solicitó la anulación del proceso judicial por falta de legitimidad del exmarido a la hora de presentar la querella en nombre de su hija menor de edad, pues ya tenía suspendida la patria y potestad. También alegó que su expareja interpuso esa acción penal por la presunta sustracción de menores cuando todavía no había finalizado el día en el que el juzgado notificó a la mujer la suspendió la patria potestad. ■