El Gobierno y la Generalitat encarrilan el convenio para ejecutar la B-40
▶ Todo apunta a que el acuerdo podría ser inminente tras 17 días de incumplimiento del plazo fijado por ambas partes para desencallar la obra
Diecisiete días después de vencer el plazo que se autoimpusieron ellos mismos, miembros del Govern se reunieron ayer por primera vez con representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para desencallar el convenio que debe permitir construir los controvertidos seis kilómetros de la B40 pactados con el PSC en los presupuestos. Ambas partes coincidieron tras el encuentro en Madrid que se han acercado posiciones y todo apunta que el acuerdo podría ser inminente, antes de las elecciones municipales del 28-M.
El principal escollo es cómo se financia la obra. Desde Catalunya se resisten a que los aproximadamente 200 millones que costará la infraestructura salgan de la disposición adicional tercera, ya que quieren que esos fondos se destinen para otros proyectos. Desde el Gobierno han optado por la vía posibilista y, con tal de que el cuarto cinturón avance, aunque sea despacio, han decidido aceptar sacar el dinero de otra partida, admiten desde Transportes.
Ayer, en la otra parte de la mesa de negociación del Ministerio de Transportes, estaba tanto Presidència como Territori. Conocida la oposición del ‘conseller’ Juli Fernàndez, titular del departamento competente en carreteras, fue la secretaria general de Presidència, Núria Cuenca, la encargada de encabezar el encuentro, junto a su homólogo en Territori, Joan Jaume, y el secretario sectorial Marc Sanglas.
La financiación no saldrá finalmente de la disposición adicional tercera, como quería el Ejecutivo central
Divergencia conceptual
Al finalizar el encuentro de una hora, habló primero Cuenca, más cauta sobre los resultados de las conversaciones: «Se han explorado caminos», dijo. Poco después fue el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, quien fue más allá, encajando que buscarán otra fórmula de financiación para este recorrido de la Ronda Nord, que unirá Terrassa con Sabadell y Castellar del Vallès.
La segunda divergencia, algo menor, era conceptual y tenía que ver con la descripción del proyecto que debe aparecer en el convenio. Desde el Govern recelaban de que en el texto se explicitara que la vía rápida seguirá más allá de la Ronda Nord, hasta Granollers, como consta en la planificación de carreteras que, según los opositores, está caducada. El ministerio, igual que con el dinero, se mostró abierto a que en el convenio únicamente se nombre el proyecto acordado. El tiempo ya dirá hasta dónde llega después la carretera y qué configuración de carriles tiene.
Ambos ejecutivos acordaron la ejecución de este tramo a cambio del sí del PSC a los presupuestos de la Generalitat aunque, una vez aprobadas las cuentas en el Parlament, no acabó de concretarse, con un cruce de reproches que solo había disminuido algo por los días festivos de Semana Santa.
Superada esa semana, y con el primer secretario de los socialistas reclamando el acuerdo el viernes, se sentaron en una mesa para acercar posiciones por primera vez porque en las semanas anteriores únicamente se habían intercambiado correos electrónicos con borradores de convenios en word y pdf, además de airear sus diferencias cuando se había agotado el plazo para firmar el convenio, que era el 31 de marzo.
Cotillas preelectorales
Tras el encuentro presencial en Madrid, ambas partes acordaron trasladarse documentos en los que aparezcan tanto la fórmula de financiación propuesta por el Estado como el redactado definitivo del convenio, mucho menos ambicioso que las propuestas que se habían hecho llegar. Si ambos cumplen con lo hablado, la firma oficial se podría celebrar ya la semana próxima, aunque las cotillas preelectorales (que prohíben los anuncios gubernamentales) podrían desdibujar la escenificación.
La secretaria de Presidència aseguró que los comicios de mayo «no molestan» para la culminación del pacto aunque la dilación en las negociaciones hacía temer un incumplimiento del pacto sobre la B-40, que era el que vencía antes y era (algo) más concreto que el de la «ampliación de la capacidad» del aeropuerto de El Prat, Hard Rock o Rodalies.
Pese a la coincidencia en los avances de las conversaciones, desde el Govern han querido ser precavidos acerca de la luz verde definitiva, a la espera de leer el redactado final del convenio y, sobre todo, de saber los detalles económicos, conscientes de que la «infrafinanciación de las infraestructuras catalanas», en palabras de Núria Cuenca, son un hecho desde hace lustros.
Transportes, que hasta llevó al presidente del Gobierno Pedro Sánchez a ver las obras en marcha de la carretera entre Abrera y Viladecavalls en pleno choque con el Govern por los términos del convenio, quiere que esos seis kilómetros se hagan como sea, cueste lo que cueste.
■