La jubilación de un juez cambia el tribunal que revisará el caso de Puigdemont

El tiempo pasa para todos y cumplir 72 años supone la jubilación obligatoria para los magistrados del Tribunal Supremo. El pasado día 13 fue el cumpleaños de Miguel Colmenero, lo que supone su paso inmediato a la situación de retiro. La suya es la primera vacante que sufre la Sala Segunda del alto tribunal desde que se cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pudiera hacer nombramientos con el mandato caducado.

Esa circunstancia se produjo porque su presidente, Manuel Marchena, esgrimió el procés para lograr que se cubrieran todas las vacantes de su Sala con anterioridad al cambio legal. En su intervención para defender su reelección al frente de la de lo Penal del alto tribunal, Marchena afirmó que de no nombrarse con prontitud a los magistrados necesarios para cubrir las vacantes pendientes no habría jueces suficientes para juzgar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en el caso de que se pusiera a disposición de la justicia española.

Sus palabras fueron determinantes y, a diferencia de lo ocurrido en las otras cuatro Salas del alto tribunal, se procedió a cubrir las vacantes de la Segunda antes de la reforma que lo impide mientras el Poder Judicial sea renovado. La anterior jubilación vivida en la Sala de lo Penal fue la de Luciano Varela y se produjo justo al dictarse la sentencia del procés.

Procesamiento recurrido

Hasta ahora Colmenero formaba junto a Vicente Magro y Eduardo de Porres la Sala encargada de revisar en apelación las decisiones del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O. Fuentes jurídicas señalaron a este diario que tras su jubilación será sustituido en este asunto por Susana Polo. Ella, Magro y De Porres revisarán la decisión de Llarena de procesar a Puigdemont por desobediencia y el tipo de malversación más grave.

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