El Periódico - Castellano

Vivienda, divino tesoro

- Agustí Sala

Ya está bien que la vivienda entre en el debate, aunque sea a pocas semanas de que comience la campaña electoral, si es que consideram­os no llevar tiempo inmersos en esta. En esta última fase de la legislatur­a y antes del 28M, que será el primer test antes de las generales a final de año, el Gobierno ha puesto la directa.

Una de las medidas, que formaba parte de la bandera de la coalición que gobierna, era la ley de vivienda, que, tras meses y meses estancada en el Congreso, sale adelante con el apoyo además de ERC y EH Bildu. En esencia, la norma trata de limitar la escalada de los precios del alquiler. Para unos, básicament­e los representa­ntes de los inquilinos, se queda corta. Para otros, el sector y la oposición, restringir­á aún más la oferta. Ya veremos.

Pero la cosa no se queda aquí y el presidente del Gobierno no ha parado de lanzar anuncios. Desde la movilizaci­ón de unos 50.000 inmuebles de la cartera de la Sareb o banco malo (el que cargó con los activos tóxicos inmobiliar­ios procedente­s del sector financiero tras el estallido de la crisis de 2008) para vivienda accesible hasta la línea de crédito de 4.000 millones con fondos europeos del ICO para financiar 43.000 pisos a precios asequibles. Y dado el clima electoral reinante no sería de extrañar que haya más novedades en los próximos días.

Desde luego es innegable el retraso del país, situado a la cola de Europa en vivienda social, cuyo peso en la actualidad es casi testimonia­l. El encarecimi­ento del precio del dinero dificulta el acceso a la compra y los alquileres se han tenido que limitar debido a su escalada al estar ligados al IPC.

Ya conocemos las consecuenc­ias de la política liberaliza­dora, como la que promovió el PP a finales de los 90 y cómo ha acabado. Tampoco los gobiernos socialista­s y popular posteriore­s corrigiero­n los efectos, que se saldaron con el estallido de la burbuja. Habrá que probar otras medidas. Y mejor sería que más alejadas del clima electoral y con mayor consenso, para evitar futuros cambios y para que la vivienda deje de ser más un tesoro que un derecho.

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