La multa a Avelina y su coche desguazado
Una vecina de BCN ha sido sancionada por no respetar la zona de bajas emisiones, al parecer, por su vehículo, vendido cinco días antes. En realidad, el coche viajaba en la grúa que lo llevaba al desguace.
A Avelina la multaron por una infracción de tráfico que no cometió. No se trata de que la conductora niegue que circulara a demasiada velocidad ni que discuta que se saltara un semáforo en rojo. Su queja resulta mucho más chocante: Avelina no conducía a la hora y el día que consta en la sanción del Ayuntamiento. La denuncia asegura que fue enganchada en la Gran Via al volante de un coche sin etiqueta ambiental a las 08.23 horas de un martes de agosto del año pasado, en pleno horario de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuando se veta la circulación a los turismos señalados por contaminar en exceso. No obstante, no era posible que el vehículo acusado de desobedecer la restricción recorriera la ciudad cuando dice la notificación: la conductora se había deshecho del turismo cinco días antes, cuando lo entregó al desguace municipal.
El motivo tras el misterio de la multa es una banal confusión. El automóvil del que Avelina se había desprendido –un Volkswagen Golf de color blanco– iba cargado en una grúa camino a ser triturado.
El radar captó la matrícula sin tapar del Golf arrastrado e identificó que el vehículo tenía prohibido transitar en aquel instante. La máquina –y el funcionario que, acaso, examinó la fotografía antes de enviar la multa– fueron incapaces de apreciar que el turismo no se desplazaba por sí solo sino que, en realidad, estaba siendo remolcado.
Error recurrente
Se trata de un error que, desde la implantación de la ZBE en 2020, se ha repetido en alguna otra ocasión, también con episodios esporádicos e idénticos al que Avelina atestigua. El consistorio comenta que ha efectuado ajustes en las cámaras «para minimizar incidencias». Añade que acordó con los gremios correspondientes que las placas de las matrículas se cubriesen para ahorrarse equivocaciones. Sin embargo, no sucedió en el caso de marras.
La imagen que Avelina recibió junto al aviso no ayuda a despejar el equívoco. A duras penas se distingue algo. «Lo que mandaron es un recuadro negro, con una micromatrícula que casi no se lee», se queja. El consistorio ha acabado anulando la multa siete meses después de dictarla. Lejos de mostrarse satisfecha, la vecina desgrana aún irritada la sucesión de despropósitos que afrontó. El sinsentido llegó al punto de quedar al borde de un embargo por orden municipal. Tras dos recursos infructuosos – «no respondieron ni a uno ni a otro»– la denunciada acabó presentándose en la oficina municipal de Hacienda, a pocos días de que le intervinieran la cuenta corriente para retenerle 241,90 euros por impago de la amonestación. Lo arregló a la vieja usanza, en ventanilla y exigiendo ser atendida. «Vinieron varios funcionarios, miraron la foto que tenían en el ordenador, la hicieron más grande… Al final, reconocieron que mi coche iba encima de una grúa», cuenta.
Avelina enumera una cadena de aparentes negligencias. En primer lugar, remarca que la multa que le imponía un pago de 200 euros no llegó certificada a su piso de Barcelona. «El portero la encontró casualmente al abrir el buzón de la publicidad», explica. Molesta por no haber recibido la multa a tiempo, Avelina suma la respuesta cuanto menos áspera de la funcionaria con la que topó al llamar en la primera ocasión en que procuró aclarar el asunto. «Me dijo que tenía la obligación de mirar el BOE y saber que yo aparecía como morosa a nivel nacional. Fue lo peor que me pudieron decir. Me alteró».
Finalmente pudo cursar el recurso e incluyó el certificado de que había entregado el automóvil. «Pensaba que ya podía estar tranquila, pero no fue así», admite. «A primeros de enero de 2023, me comunicaron que debía pagar 223 euros por el mismo concepto. Y, el 21 de marzo, mi banco me notificó que tenía un embargo», detalla.
Al final, consiguió que la sanción se cancelara. «Ha habido incompetencia y mala gestión, y también mala fe. Si no, no me habrían dicho que aparecía en una lista de morosos para intimidarme».
■
«Ha habido incompetencia y mala gestión, y también mala fe», denuncia la afectada