La ‘consellera’ Serret, condenada a un año de inhabilitación por el 1-O
▶ El TSJC le impone también una multa de 12.000 euros «Seguiremos confrontando al Estado y al sistema judicial», dice la titular de Acció Exterior
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros a Meritxell Serret, la ‘consellera’ de Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad pública por la organización y la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando encabezaba la Conselleria d’Agricultura i Alimentació en el Gobierno de Carles Puigdemont. Es la misma pena que reclamó durante el juicio la fiscalía.
La sentencia destaca que la misma Serret reconoció directamente y «sin negación alguna» que desobedeció «por su convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán». Subraya que la «culpabilidad» está «fuera de toda duda» no solo por la aceptación «expresa» de los hechos, sino «por haber desatendido de manera clara, reiterativa y flagrante» los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC).
Serret fue juzgada el 29 de marzo, y en el juicio reclamó su absolución, declaró que actuó obedeciendo el «mandato democrático» de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O, y sostuvo que el referéndum no fue un delito. Tras la declaración unilateral de independencia fallida, Serret se marchó a Bélgica y regreso a España en marzo de 2021 para comparecer ante el Tribunal Supremo y regularizar su situación para ser juzgada en el TSJC. En un comunicado, Serret afirmó ayer que se seguirá defendiendo «hasta donde haga falta», ya que tiene la opción de presentar recurso porque el fallo no es firme: «Seguiremos confrontando al Estado y al sistema judicial. También denunciando la persecución contra el independentismo. El tribunal considera probado que, cuando Serret no había sido nombrada miembro del Govern, se inició «un proceso de independencia y de creación de una República catalana de acuerdo con las formaciones políticas surgidas de dichas elecciones (27 de septiembre de 2015) y en cuyo programa llevaban dicho ideario y finalidad».
Requerimientos
En 2016 y en 2017, cuando ya estaba en el cargo, el TC le advirtió «personalmente» su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material» que supusiera ignorar sus resoluciones sobre la creación de un Estado catalán independiente y la celebración de un referéndum unilateral. También se les notificó que se abstuvieran «especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación del referéndum».
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que la ‘consellerá’ continuará en el cargo ya que la sentencia no es firme y subrayó que la decisión del TSJC tiene como objetivo perseguir «una actividad política». Así, destacó que la ‘consellera’ continuará en las mismas funciones que lleva a cabo hasta la fecha, «con la confianza redoblada», a la vez que destacó que llevarán «la batalla jurídica hasta los tribunales internacionales». ■