España, en el foco de las nuevas reglas fiscales
En España, el déficit público se situó en el 4,8% del PIB en 2022. Las últimas previsiones del Gobierno estiman un déficit del 3,9% en 2023; del 3,3% en 2024 y del 2,9% en 2025, año en el que se prevé que entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales (2024 se plantea como un año de transición). Esta senda podría ser revisada por el Gobierno esta misma semana, por la obligada presentación a Bruselas de la Actualización del Programa de Convergencia antes del día 30 de este mes. En todo caso, el elevado nivel de deuda pública alcanzado situará a España, de un modo u otro, en el foco de las nuevas reglas. Con datos de 2022, hay trece países de la UE con un nivel de deuda por encima del 60% del PIB y España es uno de ellos ya que cerró el año pasado con un nivel de deuda del 113% del PIB, solo por debajo de Grecia, Italia, Portugal y Francia. La Airef calcula que para cumplir los requisitos España debería planificar un ajuste en torno al 0,43% del PIB anual durante cuatro años, equivalente a unos 5.720 millones cada año, que es una cantidad similar a la del gasto en sanidad del Estado. sitúe en una senda de reducción plausible o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB a medio plazo. Bruselas también emitirá esta trayectoria a los países con un déficit y una deuda por debajo de los valores de referencia.
De entrada y a la espera de poder analizar la propuesta legislativa de la Comisión Europea en detalle, el Gobierno español subrayó que la iniciativa «recoge el cambio de paradigma que planteaban España y Holanda en abril del año pasado», basado en enfoques diferenciados por países e inspirado en el modelo de gobernanza de los Planes de Recuperación «con el fin de reforzar la sostenibilidad fiscal de forma favorable al crecimiento mediante compromisos e incentivos para inversiones y reformas». Francia, por su parte, se mostró prudente. Aunque consideró que la
La presión de Alemania y de otros países frugales obligó a la CE a introducir algunas medidas de salvaguarda adicionales. Así, los Estados miembros con déficits por encima del 3% tendrán que aplicar un ajuste presupuestario mínimo del 0,5% anual mientras superen el umbral; el aumento del techo de gasto deberá ser inferior al crecimiento a medio plazo y la tasa de deuda pública habrá de ser inferior
Los planes serán evaluados por Bruselas y tendrán que ser aprobados por el Consejo Europeo
al final del periodo y «mantenerse en esa senda descendente al menos 10 años sin nuevos ajustes», explicaron fuentes del Ejecutivo comunitario. Además, aquellos países que se beneficien de un periodo de ajuste fiscal ampliado tendrán que asegurarse de que el esfuerzo fiscal no se desplaza a los años posteriores.
«Hemos examinado las sugerencias que se han hecho sobre salvaguardas –Berlín proponía una reducción anual de la deuda del 1%–, pero de implementar los números sugeridos hubiera llevado a ajustes fiscales demasiado altos y contraproducentes. Si se calcula un ajuste fiscal demasiado elevado el impacto será negativo en el crecimiento y se conseguirá el efecto contrario. No se lograría nada», señalaron las mismas fuentes sobre el motivo de no ir tan lejos como reclaman países como Alemania. «Pensamos que es una propuesta buena y equilibrada pero cooperaremos con los Estados miembros para superar las diferentes posiciones», indicó el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni.
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