La finca de Hospital 99 será municipal
El Ayuntamiento de Barcelona adquirirá el bloque de pisos, actualmente propiedad del grupo inversor Blackstone, por 2,1 millones de euros. El consistorio asegura que el precio pactado está un 24% por debajo de la media en el Raval.
Se convirtió en buque insignia de la lucha de Ciutat Vella contra la gentrificación y los fondos de inversión. Hasta que, en tiempo de descuento del conflicto, pasó a ser la viva imagen de algo que parecía imposible: un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona, Blackstone (a través de su gestor inmobiliario Anticipa) y el Sindicat d’Habitatge. Fue el primer acuerdo de colaboración público-privada entre un fondo de inversión y el gobierno local. Era julio de 2019, y seis de las nueve viviendas iniciaban una senda de siete años de alquiler asequible. Todavía no han pasado cuatro años y ya se ha producido otra noticia que parecía igualmente inviable, y con el mismo inmueble como protagonista. El gobierno de Ada Colau, en el ocaso de su segundo mandato, acaba de aprobar la compra del edificio ejerciendo su derecho de tanteo y retracto por valor de poco más de dos millones de euros. En julio de 2019, pocos días antes de aquel apretón de manos, el ayuntamiento hizo una oferta de 850.000 euros que la propiedad rechazó al estar muy por debajo del precio de mercado.
La adquisición se aprobó ayer en la comisión de gobierno, en la que se dio salida a la compra de otro edificio, este situado en el Eixample. Con esta decisión, se aleja definitivamente la posibilidad de que los pisos de Hospital, 99, entren en el mercado ordinario y regulado de la vivienda, lo que habría hecho incrementar de manera significativa el montante de las rentas. Los actuales moradores negociarán ahora las condiciones con el consistorio, y estos nueve pisos pasarán a engrosar la cartera de vivienda social, que acaricia la cifra de 12.000 en toda la capital catalana. El coste de la operación es de 2.095.000 euros, a los que hay que sumar otros 150.000 euros necesarios para la rehabilitación. Esta segunda cifra no es muy elevada porque el edificio está en muy buenas condiciones.
Alojar familias
El precio que se abonará está un 24% por debajo de la media que se paga por metro cuadrado en el Raval. Este ha sido uno de los factores que ha animado al consistorio a blandir la chequera. También el hecho de que sean viviendas grandes que pueden alojar a familias. Uno de los efectos inmediatos del cambio de propiedad es que cuando se produzca el primer impago, si es que sucede, no habrá una demanda para proceder al desahucio. Lo cierto es que desde que cristalizó el acuerdo, los residentes de esas seis viviendas sociales no han abonado todas las mensualidades previstas.
A principios de julio de 2019, poco antes de que se alcanzara el pacto entre las tres partes para desencallar la situación en esta finca ocupada del Raval, cotas muy altas de poder del consistorio llamaron directamente a directivos de Anticipa para tratar de hacerse con el edificio. Fuentes conocedoras de aquella negociación aseguran que la ciudad ofreció 850.000 euros, una cifra que el gestor inmobiliario rechazó al considerar que estaba muy por debajo del precio de mercado. Cuatro años más tarde, el ayuntamiento pagará ahora dos millones de euros.
El gobierno municipal puede hacerse con una finca por tanteo y retracto (igualar la oferta más alta ofrecida por un privado y así sumar el inmueble a la cartera púbica) o también puede comprarla directamente a otra Administración pública o a un privado, siempre que se cumplan esas condiciones de valor económico y social y siempre que las arcas municipales permitan el dispendio. Sucede lo mismo cuando se adquiere un edificio con valor patrimonial, por ejemplo.
En los dos últimos mandatos, el consistorio ha adquirido un total de 1.600 viviendas en toda Barcelona, de las que 1.150 están en 51 edificios que se han comprado enteros. En total, se han invertido 200 millones de euros (incluida la rehabilitación), de los que 40,5 se han usado para sumar fincas de Ciutat Vella. En este distrito, el ayuntamiento se ha hecho con 189 pisos, 77 de los cuales están en 12 edificios que ahora son de propiedad municipal.
Es la segunda vez que el gobierno de Colau compra una finca propiedad de Blackstone. La primera transacción se hizo pública en agosto de 2022 pero no cristalizó hasta finales de octubre. Se trata de un edificio sito en el número 7 de la calle de Jaume Giralt, con 15 pisos y dos locales, junto al forat de la vergonya, en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. El ayuntamiento desembolsó en aquella ocasión 3,5 millones de euros, un precio que estaba, según anunció el consistorio, un 14% por debajo del precio de mercado. Curiosamente, en ninguna comparecencia pública ni comunicado municipal trascendió que el vendedor era Anticipa. O sea, Blackstone.
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