¿Qué pasa con la Justicia?
Jueces, abogados y funcionarios de todos los cuerpos secundan la protesta iniciada por los letrados de la Administración de Justicia para reclamar una mejora salarial con la que compensar las pérdidas por la subida de precios. Estas son las tres claves de
El mundo judicial está en ebullición. Prácticamente coincidiendo con el inicio de 2023, y la subida incontenible de la inflación, comenzaron las convocatorias de huelgas. Las inauguraron los letrados de la Administración de Justicia (LAJs), antes conocidos como secretarios judiciales, que aguantaron dos meses y medio de paros hasta lograr arrancar una subida salarial de unos 400 euros, que hace que ahora cobren más que los que tienen únicamente la categoría de jueces y aún no son magistrados en un mismo juzgado. Eso sirvió de revulsivo para todos los cuerpos. Estas son las reclamaciones de cada colectivo y el motivo por el que una convocatoria de huelga sucede a otra.
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Letrados de la Administración
de Justicia. Dos meses estuvieron de huelga para conseguir una subida salarial de más de 400 euros brutos. Durante el tiempo que mantuvieron los paros se calcula que se suspendieron más de 350.000 juicios en toda España, así como unas 424.000 demandas quedaron paradas a la espera de que se les diera entrada en los juzgados. También cifraban en 1.280 los millones de euros paralizados en las cuentas de consignación judicial (los depósitos desde los que se pagan las multas, indemnizaciones, pensiones de alimentos, etc.). Todo ello deja un escenario que será difícil de poder recuperar este año. El acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia, que en un primer momento optó por la confrontación directa con el colectivo, les calificó de «privilegiados» y declaró que su huelga era «política», fue apoyado por el 76% de la carrera.
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Funcionarios judiciales. Nada más conocerse la aceptación por parte de los ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública del incremento salarial para los letrados de la LAJs, los funcionarios judiciales convocaban paros en las horas que supondrían la suspensión de juicios y todo tipo de diligencias. Entre los suspendidos figuran el que se celebraba en la Audiencia Nacional contra el expresidente valenciano Francisco Camps o el que estaba previsto que empezara el 24 de mayo contra dos exconsejeros madrileños durante la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón.
Los funcionarios alegan que llevan 20 años asumiendo competencias que no les corresponden y por las que no se les paga, pero que han quedado más patentes durante la huelga de los letrados. El comité de huelga de los funcionarios sostiene que dos disposiciones finales de la ley de retribuciones de la carrera judicial y fiscal firmadas en 2003, cuando se puso en marcha la oficina judicial, supone la equiparación de complementos y de cualquier subida salarial que se haga a alguno de los colectivos implicados en su funcionamiento. Subir a los LAJs y no al resto supondría acabar con el equilibrio existente.
Después de que la ministra Pilar Llop justificara que no se haga oferta alguna a los funcionarios desde la Feria de Abril, estos sustituyeron los paros por siete días de huelga, cuyo primer día será el 4 de mayo, y reclamaron la dimisión de la responsable de Justicia.
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Jueces y fiscales. El pasado lunes las asociaciones de jueces y fiscales, a través de un comunicado conjunto, anunciaron que a partir del próximo 16 de mayo harán huelga si no reciben una subida de sus retribuciones. El viernes los primeros comunicaron la convocatoria de los paros al Consejo
General del Poder Judicial. Pese a la contundencia de los manifiestos de las asociaciones mayoritarias de ambas carreras, los jueces consultados por EL PERIÓDICO confían en que no se llegue a ninguna jornada de huelga. Sostienen que los jueces, como poder del Estado, pueden parar para solicitar más medios o mejoras en el siempre mejorable servicio público que se presta en la justicia, pero no por una mejora retributiva y más con el retraso ocasionado con la huelga de los letrados.
A la vuelta del puente, el miércoles 3 de mayo, está convocada una reunión de la mesa de retribuciones. Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales esperan a oír al ministerio antes de anunciar si se adhieren a la convocatoria de movilizaciones de sus compañeros. Viendo lo ocurrido con los funcionarios no parece que vayan a encontrarse con una oferta de mejora salarial sobre la mesa. ■