Carrera espacial, carrera militar
El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre no es suficiente para gestionar una ámbito que pronto llevará a contenciosos sobre reclamaciones de propiedad.
Más allá del afán de aventura, del progreso tecnológico per se y del negocio que pueda representar, desde su mismo nacimiento, la carrera espacial es una cuestión de prestigio y, más concretamente aún, de poder militar. El espacio es, en definitiva, el cuarto ámbito de competencia geoestratégica entre las grandes potencias, junto al terrestre, naval y aéreo. Algo que quedó de manifiesto ya en 1957, en plena Guerra Fría, cuando la URSS lanzó el satélite Sputnik, sorprendiendo a un Estados Unidos que se creía superior tecnológicamente.
Una sorpresa y un temor que llevó a John F. Kennedy a plantear que antes del final de la década de los sesenta llegarían a la Luna, volviendo a tomar la delantera. No en vano Washington decidió en diciembre de 2019 crear una Fuerza Espacial, seguido en Moscú, en junio de 2001. Desde entonces, y tras un paréntesis de menor interés mediático, el 27 de mayo de 2020 Estados Unidos volvió a enviar una tripulación al espacio desde su suelo y con sus propios vehículos (una nave Crew Dragon desde un cohete Falcon 9) y ahora se empeña en la misión Artemis. Son pasos significativos para volver a liderar una carrera a la que se ha apuntado también China, que entró en la pugna en 1992 con un programa que le permitió 11 años después poner un astronauta en órbita. Ahora, con su programa Chang’e ya ha logrado alunizar en la cara oculta de la Luna (febrero de 2019), cuenta con su propia estación espacial desde 2021 (Tiangong) y ya se plantea contar en 2030 con una colonia lunar permanente y lanzar una sonda que debe aterrizar en el suelo de Marte. Entretanto, Rusia planea lanzar en julio de este año la nave espacial Luna-25 para estudiar el suelo lunar, tras un paréntesis de 45 años. A eso le seguirá el alunizaje de cosmonautas en 2035 y la creación de una base lunar en 2040.
En paralelo, son cada vez más los actores privados interesados en aprovechar los avances tecnológicos que permiten pensar en cuantiosos beneficios empresariales ligados al turismo espacial, a las telecomunicaciones satelitales y a la explotación de los cuantiosos yacimientos de minerales, tierras raras y, sobre todo, Helio-3 proveniente del viento solar y muy atractivo en procesos de fusión nuclear. De ese modo se va perfilando un modus operandi que apunta a una mayor cooperación público-privada para asumir los enormes costes de una exploración que apunta más allá de la Luna. Y todo ello mientras solo contamos con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, establecido en 1967, como instrumento de control. Un instrumento que plantea un uso pacífico del espacio exterior (más allá de los 100 km. de altitud) y prohíbe el despliegue de armas nucleares en la órbita de la Tierra, su instalación en la Luna o en cualquier plataforma orbital, así como la realización de actividades militares.
Un acuerdo a todas luces insuficiente para gestionar una competencia que pronto llevará a contenciosos sobre reclamaciones de propiedad de lo que, según dicho tratado, es patrimonio común de la humanidad.
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