La UE, contra la corrupción
La Comisión Europea está decidida a armonizar las definiciones de los delitos asociados a la corrupción (entre ellos, el de malversación), lo que obligará a los países de los Veintisiete a establecer un nivel de penas equiparable para todos. La propuesta
Ante el grave problema de la corrupción en la Unión Europea (UE), la Comisión Europea ha propuesto finalmente esta semana una directiva para armonizar en los Veintisiete las definiciones de los distintos delitos asociados a la corrupción y obligar a los estados a establecer un nivel adecuado de penas en cada uno de ellos. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito no se considera un delito penal en 17 estados de la UE y el tráfico de influencias tampoco se considera delito en dos estados, según una consulta realizada por la Comisión Europea, a la que Bulgaria no respondió.
La directiva contra la corrupción propuesta abarca desde el soborno y el cohecho a la malversación de caudales públicos, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción a la justicia, el enriquecimiento ilícito y la incitación y la cooperación. Las penas máximas para los diferentes delitos deberán situarse como mínimo en una horquilla de entre 4 y 6 años, con sus respectivas agravantes, según el tipo de delito de que se trate.
La única armonización aprobada hasta ahora en la UE se limitaba al delito de soborno en el sector privado de 2003, con unas penas máximas de al menos entre 1 y 3 años, y ha quedado desfasada. La propuesta incluye sanciones para las empresas participantes, mecanismos efectivos para levantar las inmunidades y alargar el periodo de prescripción de los delitos como mínimo a 8-15 años, según el tipo penal concreto. La directiva obliga a los estados a establecer normas efectivas para prevenir los conflictos de interés, para verificar la exactitud y la transparencia de las declaraciones de bienes de los cargos políticos y para poner coto a los abusos en las puertas giratorias entre la Administración y el sector privado.
Elevado coste económico
Como la legislatura europea ha entrado en su recta final, quedan ya menos de doce meses para poder aprobar la directiva. Las negociaciones serán difíciles, tanto entre los Veintisiete en el Consejo de Ministros de la UE como entre los grupos políticos en el Parlamento Europeo. El elevado coste económico de la corrupción en la UE, el malestar social que crea y el descrédito político que genera hacia partidos e instituciones deberían servir de acicate para aprobar la directiva cuanto antes.
El cálculo más conservador estima que la corrupción provoca unas pérdidas económicas a la UE de al menos 120.000 millones de euros anuales. Un detallado y minucioso estudio realizado por Rand Europa en 2016 para el Parlamento Europeo estimó que el coste de la corrupción para la UE y sus estados puede superar los 900.000 millones anuales.
El 68% de los ciudadanos de la UE y el 62% de las empresas basadas en la UE estiman que la corrupción está extendida en sus países, según muestra el sondeo Eurobarómetro monográfico de 2022. La corrupción también afecta a la instituciones europeas, como evidencian los escándalos del Qatargate y del Moroccogate en el Parlamento Europeo y los endémicos problemas de las puertas giratorias y del tráfico de influencias en la Comisión Europea y en las agencias europeas. Según esta encuesta, el 69% de los ciudadanos considera que las autoridades no persiguen suficientemente la corrupción de alto nivel.
Asignatura pendiente
El Eurobarómetro reveló que en una serie de países de la UE los ciudadanos se han habituado ya a la corrupción, hasta el punto de considerarla un fenómeno «tolerable», como el 62% de los letones, el 60% de los checos y el 57% de los húngaros, el 48% de los griegos, el 47% de los croatas y el 46% de los búlgaros y eslovacos.
Sin embargo, la corrupción es rechazada como un comportamiento inaceptable por el 73% de los españoles y finlandeses, el 78% de los irlandeses, el 76% de los portugueses y luxemburgueses y el 70% de franceses y daneses.
Respecto a 2005, la mayoría de estados occidentales de la UE ha sufrido retrocesos en su puntuación en el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora anualmente la organización Transparency International. De los nuevos miembros incorporados a partir de 2004, Estonia y Lituania son los países que han logrado las mejoras más significativas en este terreno, mientras que el resto sigue arrastrando los pies.
Daneses modélicos
Dinamarca aparece como el país menos corrupto de la UE y del mundo en el último índice de 2002, con 90 puntos sobre 100. Le siguen en la UE: Finlandia (87 puntos), Suecia (83) y Holanda (80). España obtiene 60 puntos, por encima de Italia (56), pero muy lejos de los estados modélicos. Los suspensos corresponden a Hungría (42 puntos), Bulgaria (43) y Rumanía (46). Y muchos países aprueban, como los alumnos discretos, por los pelos: Croacia, Malta, Chipre, Grecia, Eslovaquia, República Checa y Polonia.
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