EEUU acelera las leyes para proteger a los niños del porno
Seis estados han aprobado ya medidas, mientras otras iniciativas se debaten en otros 21 y en el Congreso. Numerosos grupos de derechos civiles se oponen y alertan de riesgos, exacerbados por la ofensiva trumpista.
Esta semana, cuando usuarios en Utah de PornHub han intentado entrar en la plataforma de porno online se han topado con un vídeo en el que se informaba de que la página no estaba disponible. El bloqueo no se debe a un fallo técnico. Se trata de una protesta de la compañía por la ley que ha entrado en vigor este miércoles en el estado y que impone a empresas que ofrecen pornografía online y «otros materiales dañinos para los menores» obligaciones y responsabilidades, más estrictas que hasta ahora, para comprobar que los usuarios son mayores de 18 años.
La norma sigue el modelo de otra iniciativa que desde el 1 de enero se aplica en Luisiana, donde el requisito de verificación de edad se impone a todas las páginas donde al menos el 33,3% del contenido es pornográfico. Y es solo una de las leyes que han visto la luz en Estados Unidos en un momento de impulso tanto a nivel estatal como federal de iniciativas legislativas para tratar de proteger a los menores tanto en internet como en redes sociales.
Iniciativas en el Congreso
Ese impulso ha cobrado fuerza tras las revelaciones y estudios sobre el impacto negativo de webs y apps en los menores. De momento ha dado más frutos a nivel de los estados, donde ya son seis los que han aprobado normas y otros 21 los que las debaten. También en el Congreso, no obstante, están en debate al menos cinco propuestas, incluyendo tres que se han introducido o presentado retocadas esta semana. Incluyen una que prohibiría abrir cuentas en redes sociales a menores de 13 años, otra que directamente prohibiría TikTok en EEUU y una tercera que, para combatir la distribución de imágenes de explotación infantil, podría debilitar y criminalizar la encriptación.
En Utah y Arkansas ya están firmadas y esperando a entrar en vigor leyes que van más allá de la verificación de edad y también imponen a redes sociales que los menores obtengan el consentimiento de padres o tutores para abrirse una cuenta. La de Utah, que se empezará a aplicar el 1 de marzo del año que viene, también obliga a las apps a bloquear el acceso a menores desde las 22.30 horas a las 6.30 salvo que cambie el ajuste un adulto; impide que desconocidos envíen mensajes, y prohíbe que se muestren anuncios y que se recopile o use información personal del usuario. En uno de sus puntos más controvertidos, también da acceso a los adultos al contenido de las cuentas de los menores.
En todos los casos las normas
cuentan con apoyo bipartidista, inusual estos días de polarización en EEUU, y tienen respaldo de diversas asociaciones y grupos que trabajan con menores y padres. También enfrentan, no obstante, oposición y rechazo, y no solo el que se podría esperar del sector tecnológico.
Más de un centenar de grupos de derechos civiles y algunos políticos están haciendo saltar las alarmas ante una legislación que, advierten, pone en peligro libertades y derechos, tecnologías como la encriptación y a comunidades vulnerables. A los colectivos progresistas les preocupan especialmente las consecuencias no deseadas que la legislación puede tener en un momento en que la derecha estadounidense está sumida en guerras culturales. Desde la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, han intensificado la cruzada que pone en la diana a desde la comunidad LGTBQ o los derechos reproductivos hasta la enseñanza de la historia racial.
«Más daños que soluciones»
«Muchas de las soluciones propuestas acaban causando más daños que los problemas que arreglan», asegura en una entrevista telefónica Samir Jain, vicepresidente de Política del Center for Democracy and Technology (CDT), que señala, por ejemplo, que «la verificación de edad crea preocupaciones sobre privacidad», pues obligará a facilitar información que tendrán los proveedores y, además, «puede afectar al derecho de expresión o a acceder a información anónimamente».
Respecto al consentimiento requerido de un adulto o al acceso de estos a las cuentas de los menores, el experto recuerda que el modelo puede funcionar entre padres e hijos que se llevan bien. «Sin embargo, sabemos que hay relaciones que no son buenas», afirma. Se puede pensar, por ejemplo, en un joven LGTBQ que no tiene respaldo familiar o una joven que necesita acceso a información sobre salud reproductiva o aborto y tiene miedo de lo que sus padres puedan decir. «Estas iniciativas pueden tener un impacto negativo en derechos de privacidad y libre expresión», especialmente de los adolescentes, advierte Jain.
Guerras culturales
Se trata de preocupaciones compartidas en la rueda de prensa virtual, centrada en la legislación federal, que esta semana han organizado representantes de grupos de derechos civiles y tecnología. En ella, el senador demócrata Ron Wyden advirtió de que las leyes planteadas en las Cámaras «van a debilitar la encriptación, lo que amenaza la privacidad y la seguridad de todos los estadounidenses que cumplen la ley».
Wyden también señaló con preocupación al momento político en el que se produce este impulso legislativo. La demócrata California tiene una ley más centrada en exigencias para las compañías tecnológicas, pero la mayoría son de estados conservadores y ponen el foco en los «derechos parentales».
■