Migrantes ‘esclavos’ trabajan en los parques fotovoltaicos de Italia
▶ Un sumario desvela condiciones de trabajo infrahumanas para cientos de senegaleses en plantas del sur del país, con jornadas de 14 horas y un sueldo de 500 euros por dos meses
Malik no tenía papeles y necesitaba dinero. Sin otra alternativa, comenzó a trabajar a la intemperie hasta 14 horas cada jornada, también en días de lluvia torrencial, frío y viento fuerte, y sin la indumentaria indicada. Cobraba una miseria y no tenía derecho ni a comida, agua, o un baño en el que hacer sus necesidades.
Babukar, también originario de África, relató que le hacían sujetar, junto a otro compañero, materiales metálicos para los que se necesitaban 4 o 5 obreros, cumpliendo asimismo con jornadas leoninas para las que le entregaron 500 euros en dos meses. Augustin dijo que trabajaba también en días festivos, a veces por las noches y sin apenas pausas. También vio que, un día, un compañero se lastimó y no llamaron una ambulancia. «Se fue a casa y no volví a verle», dijo.
Los protagonistas de estos escalofriantes relatos (cuyos nombres han sido cambiados para proteger su identidad) son cientos de trabajadores extranjeros, la gran mayoría de Senegal. Se convirtieron en blanco de la empresa Tecnova SRL que operaba en zonas adyacentes a Brindisi y Lecce, en la región italiana de Apulia (sur), en el sector de la energía fotovoltaica, según pudo corroborar una investigación de EL PERIÓDICO a través de fuentes cercanas al caso y documentos del mismo.
Juicio histórico
El Tribunal de Lecce dictaminó este abril penas de cárcel de hasta 18 años de prisión contra siete personas vinculadas a la compañía, en un histórico juicio por trabajo esclavo y extorsión durante el cual fueron oídos 483 denunciantes, de los más de 1.000 trabajadores de la empresa. Migrantes que se atrevieron a enfrentarse en tribunales a sus vejadores.
Los condenados son cuatro españoles (dos de ellos, en calidad de gerentes), dos colombianos (uno residente en Valencia) y un marroquí. Los delitos por los que fueron enjuiciados incluyen asociación a delinquir para reducir en esclavitud y extorsión agravada. La sentencia de condena en primera instancia cita sus nombres. Se trata de los españoles José Fernando Martínez Bascuñana, Luis Manuel Gutiérrez Núñez, Didier Gutiérrez Canedo y Laura García Martin, los colombianos Luis Miguel Cárdenos Castellanos y Andrés Felipe Higuera Castellanos, y el marroquí Brahim Lebhihe. Ninguno de ellos se encuentra en prisión, ya que se desconoce el paradero de todos ellos.
El caso, que aún presenta aspectos todavía no aclarados, ha dado visibilidad a un fenómeno poco conocido: el trabajo forzoso dentro de la industria de las renovables. Se trata de una novedad con respecto a la ampliamente documentada explotación de extranjeros en el sector agrícola.
El abogado Salvatore Centonze, que ha representado 150 denunciantes que se constituyeron acusación particular, dice que «se trata de uno de los más grandes juicios por esclavitud celebrados en Italia» en los últimos años. «Todo empezó con una legislación italiana de 2010 que preveía incentivos a empresas del sector», afirma.
Según la reconstrucción hecha por Centonze, de hecho, los condenados operaban bajo el paraguas de la empresa, con sede en Brindisi, que ahora está declarada en quiebra. «Así consiguieron 14 parques para construir estructuras fotovoltaicas», asevera. «El problema es que, para no perder esos incentivos, tenían que completar el trabajo en tiempos muy breves y por eso intensificaron la producción», explica el abogado.
La fiscal Carmen Ruggiero, de la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Brindisi, a cargo del caso, pone el énfasis también en el deprecio expresado contra los trabajadores extranjeros, que «también recibían pagas de dos euros la hora» y se encontraban en una situación de «gran vulnerabilidad».
Vínculos con España
«En una conversación (de los acusados), se les oye decir que si las botas no son de su número, las corten o se corten los pies», cuenta la letrada. «Lo que destapó el caso es que finalmente estos trabajadores se rebelaron [en la primavera de 2011], salieron a la calle a manifestar e incluso hubo problemas de orden público. Eso puso el foco en el caso», observa Ruggiero.
La fiscal, como también Centonze, cuenta que aun así todavía no se hurgó en profundidad el vínculo con España, al no ser consecuente a los fines de la investigación, pero que este aspecto (la nacionalidad española de los acusados) no ha sido detectado con frecuencia. «Aun así, tuve otro caso, en el que investigué sobre el robo de unos paneles solares que eran enviados a España y África», cuenta Ruggiero.
El fiscal jefe Leonardo De Castris, de la Fiscalía de Lecce, cree que en el caso fue fundamental que las víctimas contarán su versión.
Además, De Castris, que en su trayectoria ha seguido otros procesos de explotación de inmigrantes en el sector agrícola, tampoco descarta que, en el futuro, salgan a luz otros episodios similares, ya en ambos sectores se dan fenómenos parecidos, como el uso de mano de obra barata. Pero el motivo también se produce por una paradoja, dice el jurista: «En esta zona de Italia, el sector de la energía solar está creciendo porque la deforestación ha aumentado como consecuencia de la plaga de la Xylella, que mató a miles de olivos».
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«Se les oye decir que si las botas no son de su número, las corten o se corten los pies», relata una fiscal