Un paso atrás en vivienda
La concesión de avales públicos a hipotecas aprobada por el Consejo de Ministros es una medida inflacionista y, al acabar beneficiando a personas con más ingresos, resulta también regresiva
Aquí una contrapuesta: dar avales a promotores inmobiliarios con la condición de construir, comprar o rehabilitar viviendas asequibles
Un paso adelante, dos pasos atrás. Así se puede resumir la situación de la vivienda en este país. Si bien toda la batería de medidas que se está impulsando desde el Ejecutivo van en la buena dirección y significa un cambio de paradigma, ahora damos un paso atrás con la medida que a bombo y platillo el Partido Socialista ha aprobado en el Consejo de Ministros sin el apoyo de ningún socio progresista: la concesión de avales públicos para sufragar el crédito hipotecario a familias con hijo a cargo y jóvenes con ciertos ingresos. Una medida que parece de entrada bien intencionada y que a primera vista parece ser positiva para que jóvenes accedan a la propiedad.
Sin embargo, no es una medida novedosa. Ya existe amplia evidencia a nivel nacional e internacional de los efectos desastrosos que comportan. Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda la han llevado a cabo desde hace décadas (el llamado help to buy), mientras que en España, autonomías como Andalucía, Madrid o Galicia también la han puesto en práctica. Y aquí la literatura es clara: es una medida perjudicial. Veamos.
Es una ayuda inflacionista. Al reactivar el crédito hipotecario de manera artificial y dar una señal al mercado, aumentando las expectativas de revaloración de los activos, los precios de las viviendas podrían aumentar, tanto para la compra pero también, por efecto arrastre, para el alquiler. En un contexto de oferta rígida, el aval del ICO como política de demanda genera inflación.
Es una medida regresiva. Aunque haya topes de ingresos para acceder a este aval. Este tope es muy alto para los ingresos medios españoles. Hablamos de 37.000 euros para una persona y de 74.000 euros para una pareja. Como quien finalmente concede la hipoteca es la banca, esta seleccionará los perfiles con mayores ingresos y de menor riesgo, dejando detrás a los más vulnerables. Medida que al beneficiar a personas con mejores ingresos, termina luego perjudicando a los más vulnerables por la subida de precios de los inmuebles.
Es una ayuda a la banca disfrazada de política social, dado que la medida privatiza los beneficios, pero socializa las perdidas. El Estado asume el riesgo de impago mientras que la banca se queda con todo el beneficio. Es una medida que repite lo peor de la crisis inmobiliaria de 2008: subvencionar un negocio seguro, sin riesgo, porque luego, los bancos serán muy grandes para caer (too big to fail).
El rol de los avales públicos no tiene por qué ser perjudicial. Pero estos deben ser condicionados y moldear al mercado para que produzca bienes públicos, como argumenta la economista Mariana Mazzucato. Aquí una contrapuesta: dar avales a promotores de vivienda con la condición de construir, comprar o rehabilitar viviendas asequibles. Esto permitirá aumentar la oferta de vivienda asequible más rápidamente para cumplir con el 20% de vivienda asequible en 20 años prometida por la ley de vivienda, única medida que sí es deflacionista y además reactiva la economía y genera empleo.
Esto es así porque en España lo que hace falta es impulsar fuertemente la oferta, no tanto subvencionar la demanda. Políticas del lado de la demanda pueden ser útiles, sobre todo si lo que se consigue es descomprimir la demanda, en lugar de inflarla. Por eso, junto a la propuesta de avales a promotores de vivienda asequible, una buena idea seria, en mercados tensionados, limitar la compra de vivienda a menos que sea para vivir o residir. El verdadero problema es que los grandes fondos expulsan a las familias del mercado al tener mucha más capacidad de compra. Si se limita, como se hace ya en Canadá, Países Bajos o Nueva Zelanda, se consigue un resultado mucho más efectivo.
La mayor incoherencia es que si el presidente del Gobierno anunciaba que quería acabar con el neoliberalismo en la política de vivienda, ahora aprueba una medida que el Partido Popular ha promovido en sus gobiernos autonómicos y que a nivel internacional ha sido bandera de la política de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Un paso adelante y dos atrás. Como decía Alfred Adler, «es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos». Esperemos que esto no sea una señal que nos retrotraiga al modelo fracasado de vivienda. ■