El expolicía atribuye a la presidencia del Gobierno la operación Cataluña

Villarejo asegura en una comisión parlamentaria que Sáenz de Santamaría controlaba el operativo de la inteligencia del Estado

El excomisario José Manuel Villarejo declaró ayer en el Congreso que la operación Cataluña es «una operación de inteligencia» con la que «se trataba de evitar que una parte bien organizada de España, Catalunya, mantuviera la posibilidad de independizarse. Se diseña desde las presidencia del Gobierno y la lleva adelante la vicepresidenta, que era la que controlaba el CNI», en referencia a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. A preguntas del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, apuntó directamente al CNI como su máximo responsable y reprochó a los diputados no haber interrogado con más ahínco a su directora, Esperanza Casteleiro, que se amparó en el secreto con el que actúa la institución. Pero con quien sí admitió hablar de la operación Cataluña fue con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Su explicación es que sabían que el CNI hablaba con muchas personas del PP en Catalunya y trataron de con quién sería conveniente hablar. Según los audios que se han ido conociendo durante la causa, la propuesta

fue la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, pero no la llegó a mencionar. Cuando el portavoz socialista trataba de centrar el tiro y concretar si llegó a hablar con el presidente Rajoy de la operación Cataluña, Villarejo dudó si Cospedal le pasó el teléfono o le felicitó en su nombre en un momento determinado.

«Chocho volador»

Un tono muy diferente al de anteriores comparecencias en el Congreso. En su primera citación en la Cámara baja dijo que informaba puntualmente del operativo al expresidente Mariano Rajoy a través de sms y en la segunda agregó un breve encuentro con él, cuando estaba reunido con Cospedal. Dijo que «en alguna ocasión» recibió órdenes del ministro del Interior,

Jorge Fernández Díaz, lo que le permitió quejarse de que para él se pida más pena de prisión que para el político del PP en el caso Kitchen. Situó en las reuniones para tratar el asunto al exnúmero dos de la policía Eugenio Pino, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, a un mando de la Guardia Civil y a tres agentes del CNI. Aprovechó para asegurar que en su caso «no hay ningún chocho volador, ni coca, ni generales que se llevan el dinero» y sin embargo a él le «piden mil años de prisión». En cuanto a su última imputación, por la querella interpuesta por el expresidente del Barça Sandro Rosell, señaló que no participó, porque a él no le parecía un objetivo relevante y porque la magistrada instructora, Carmen Lamela, solo quería que participaran policías y guardias civiles del Opus Dei.

■