El Estado destina 220 millones a la desalinizadora del Tordera
>El Consejo de Ministros aprueba la infraestructura, solicitada por la Generalitat y que estará en marcha en 2026 o en 2027
El Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprobó ayer un real decreto que incluye medidas, entre ayudas directas al campo y nuevas infraestructuras, por valor de 2.200 millones para luchar contra la sequía. Entre las iniciativas recogidas se incluye la construcción de una nueva desalinizadora en el Tordera, en Blanes, que costará 220 millones.
Catalunya, junto a Andalucía, es la autonomía más castigada por la escasez de agua durante los últimos tiempos. Ante una situación tan dramática, que puede hacer que muchos agricultores decidan no cultivar, algo que elevaría aún más los precios de los alimentos, el Gobierno, a un día del inicio de la campaña y entre acusaciones d» «electoralismo» por parte del PP, decidió mover ficha.
La reserva hídrica española está ahora mismo al 48,9% de su capacidad total, uno de los niveles más bajos desde 1995, pero la situación puede ser mucho peor después del verano. De momento, el Gobierno garantiza el abastecimiento hasta septiembre y confía en los modelos predictivos que anticipan que lloverá en agosto.
La solicitud de la Generalitat
Las previsiones del Gobierno, según explicó tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es que la nueva desalinizadora del río Tordera, ampliación de la ya existente, pueda empezar a funcionar en 2026 o a más tardar en 2027. Se trata de una infraestructura que la Generalitat llevaba tiempo reclamando. La Administración catalana podría haber hecho por sí misma la obra, pero Ribera ha optado por no lanzar ninguna crítica.
«La Generalitat nos ha hecho una solicitud. Nos pide apoyo por el volumen de financiación que esta obra requiere. Aunque sean cuencas responsabilidad de la Generalitat, en estos momentos de tanta intensidad de sequía parece razonable responder a esta petición», dijo. La vicepresidenta se reunirá en Madrid con la ‘consellera’ de Acció Climàtica, Teresa Jordà, el 22 de mayo. La relación entre ambas, explican fuentes del ministerio, es «muy buena». También se declaran de interés general otras actuaciones en la costa mediterránea, con desalinizadoras en Málaga y Almería por un valor de 200 millones de euros, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones. Al mismo tiempo, el Gobierno autoriza a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar nuevas plantas de este tipo, que estarán alimentadas por parques solares fotovoltaicos, una iniciativa que cuenta con una dotación económica de 600 millones. En el plano más inmediato, para ayudar a los regantes se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua: será del 50% si el descenso de la dotación se sitúa entre el 40% y el 60%, y del 100% si supera el 60%.
El real decreto, que en el plano laboral prohíbe los trabajos al aire libre cuando se declare alerta naranja o roja por calor extremo, también impulsa la reutilización de las aguas urbanas, con el objetivo de que en 2027 llegue a representar el 20% de los recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones. Es decir, el doble del porcentaje actual.
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