Castigos severos para las entradas ilegales
Con la aplicación del Título 8, que vuelve a adquirir protagonismo, cada intento de acceder a EEUU puede ser castigado con multas de entre 50 y 250 dólares y penas de cárcel de entre seis meses y dos años. Las condenas podrán doblarse para los ya sancionados o encarcelados con anterioridad.
EEUU ha dejado de aplicar el Título 42, la directiva que rescató durante la pandemia la Administración de Donald Trump para expulsar con argumentos de salud pública y de forma expedita a inmigrantes que cruzaban de forma irregular la frontera y que mantuvo el Gobierno de Joe Biden. Contra lo que dicen los republicanos, la política migratoria de EEUU no va a relajarse, sino que en muchos aspectos se endurece con medidas que alejan al presidente demócrata de sus promesas en campaña.
El Título 42.
La sección de la Ley de Servicio Público de Salud de 1944 que permite al Gobierno de EEUU detener la entrada de personas o importaciones para evitar la propagación de enfermedades infecciosas empezó a aplicarse en marzo de 2020 bajo el Ejecutivo de Donald Trump. Permitía la expulsión rápida de EEUU de aquellos que entraban de forma irregular por las fronteras terrestres de México o Canadá. La regla permite a las autoridades saltarse los procesos normales de tramitación de inmigración, incluyendo las peticiones de asilo, y aprobar la expulsión rápida de un migrante. Las expulsiones bajo el Título 42 se han realizado sin iniciar trámites administrativos ni judiciales y muchos de los migrantes volvían a intentar el cruce repetidamente. Según datos de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas desde marzo de 2020 ha habido más de 2,5 millones de expulsiones bajo el Título 42. En abril EEUU decretó que a la medianoche de este jueves acabaría la emergencia oficial por la pandemia de covid, y con ello concluye que el Título 42 ya no puede aplicarse.
El Título 8.
A quienes sean detenidos en la frontera sur tras haber entrado entre los puntos de entrada legales «en general» se les procesará «conforme a las autoridades de expulsión acelerada del Título 8 en cuestión de días» y se les prohibirá volver a entrar en EEUU por al menos cinco años si se ha ordenado su expulsión. Además, «se supondrá que no son elegibles para pedir asilo (...) cuando no medie una excepción aplicable». Cada intento de entrada puede ser castigado con multas de entre 50 y 250 dólares y entre seis meses y dos años de prisión, y los castigos podrán doblarse para quien haya sido multado o encarcelado con anterioridad. Para enfrentar el aumento de llegadas, se han incrementado el número de instalaciones y personal y también el número de vuelos de deportación.
Restricciones.
.Uno de los factores más conflictivos de la política de la Administración Biden es que restringe el acceso al asilo, algo que augura que será retada en los tribunales. Esa política obliga a los migrantes que provienen de países que no son México a haber solicitado protección en uno de los países que hayan cruzado en su recorrido hasta la frontera, incluyendo México. Si no lo han hecho, se asumirá que no pueden optar al asilo en EEUU.
Vías legales.
La Administración Biden insiste en que impone las restricciones a la vez que fomenta las vías de acceso legales. Ha creado, por ejemplo, nuevos procesos de permisos para reunificación familiar para 100.000 personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia y para Cuba y Haití. Quienes entren a EEUU por ese sistema tendrán permisos de trabajo. EEUU ha acordado también aceptar a 30.000 personas al mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que tengan esponsorización financiera en EEUU.
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