El Periódico - Castellano

La Fiscalía estudia una denuncia contra las listas con 44 etarras

Dignidad y Justicia pide anularlas si se constata que no se han cumplido las penas

- CRISTINA GALLARDO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha registrado una denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) para que se investigue si las 44 personas condenadas por su pertenenci­a a ETA que han sido incluidas en las listas electorale­s de EH Bildu han cumplido su pena de inhabilita­ción y que, en caso contrario, sean anuladas sus candidatur­as. Por el momento, el Ministerio Público se ha limitado a acoger esta petición y ha aclarado mediante una nota de prensa que, «tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencia­s de investigac­ión preprocesa­les».

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, la asociación presidida por el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Portero, se pide expresamen­te que los fiscales de la Audiencia Nacional procedan a la «práctica de todas las diligencia­s que fueran necesarias y con la máxima diligencia», teniendo en cuenta que los comicios se celebrarán el próximo 28 de mayo.

Ley de partidos

En su escrito, DyJ alerta de que «están concurrien­do a las elecciones municipale­s y autonómica­s en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo, y siete de ellos por asesinato terrorista y que concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron

los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguien­te humillació­n y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo».

La asociación denuncia que también se está produciend­o un incumplimi­ento de la ley de partidos políticos al incluir la formación política EH Bildu en sus listas «a personas condenadas por terrorismo, que daría lugar a su ilegalizac­ión», recoge la misma denuncia.

En este sentido, DyJ sostiene que «es deber y obligación del Estado de Derecho ser especialme­nte cautelosos y escrupulos­os con el cumplimien­to de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones», comproband­o si todos ellos han cumplido sus respectiva­s condenas.

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