El CGPJ, a favor de indemnizar a Mundó por los 33 días que estuvo encarcelado
▶ El ‘exconseller’ de Justícia, que cumplió prisión preventiva, finalmente fue absuelto de los delitos de rebelión, sedición y malversación
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado a favor de que el Ministerio de Justicia indemnice al ‘exconseller’ catalán Carles Mundó por los 33 días que estuvo en prisión preventiva por su responsabilidad en el ‘procés’, porque finalmente fue absuelto de los delitos de rebelión, sedición y malversación de los que estuvo acusado en un primer momento. Como solo fue condenado a multa e inhabilitación por desobediencia, el ahora abogado solicita que el Estado le indemnice con 19.409,81 euros, más el interés legal que corresponda desde que lo solicitó.
En un informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Comisión Permanente del CGPJ da la razón a Mundó, aunque no fuera absuelto de todo delito y los 33 días que estuvo preso se le descontaron de la multa por desobediencia a la que fue condenado por el Supremo al liquidar su condena. Para llegar a esa conclusión el órgano de gobierno de los jueces repasa la jurisprudencia del propio Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la sentencia al respecto que dictó en 2019 el Constitucional. Toda ella es partidaria de resarcir al preso preventivo que resulta absuelto del delito por el que fue encarcelado.
El CGPJ, no obstante, no se pronuncia sobre la cantidad con la que debe ser resarcido por este «anormal funcionamiento de la justicia», ni si debe tenerse en cuenta que en su caso el tiempo que estuvo preso le fue descontado de la multa por la que se le condenó, a razón de dos días por cada uno que estuvo encarcelado, lo que le supuso una rebaja de 13.200 euros.
Mundó justifica su petición, ahora en manos de la Subdirección General de Colaboración Institucional para el Servicio Público de Justicia, que ingresó en prisión por orden de la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela con 41 años y tres hijos menores a su cargo. Su contribución a la economía familiar representaba el 89,55% del total de los ingresos de la unidad familiar, lo que supuso un grave inconveniente para la economía familiar, «agravado por la necesidad de realizar desplazamientos para asistir a las visitas familiares en la cárcel de Estremera, a 632 kilómetros desde su domicilio en Gurb (Barcelona)».
Muchos comentarios
Señalaba que tanto sus padres, como pareja e hijos tuvieron «que soportar innumerables comentarios sobre su situación procesal y el encarcelamiento», lo que les obligó a «recurrir a la ayuda de profesionales de la psicología para que sus hijos pudieran gestionar la situación vívida». Además, le supuso el arresto de su empresa.
Destacaba el daño reputacional que sufrió por «la excepcional exposición mediática, con la aparición constante de la propia imagen presente en todos los medios, tanto en televisión, como en medios digitales y portadas en los principales periódicos, bajo la acusación de haber cometido delitos tan graves del Código Penal como son la rebelión, la sedición y la malversación de fondos públicos, con peticiones de condena de hasta 24 años de cárcel».
Y consideraba «obvio que tener que responder por un delito que no se ha cometido supone cargar con un peso injusto, y más aún cuando existe una sensibilidad social muy intensa en relación con el uso del dinero público», lo que en su ámbito laboral, que desde 2018 es la abogacía, resulta «especialmente gravoso».
■