El Periódico - Castellano

La ley de vivienda moviliza al sector inmobiliar­io

- PATRICIA CASTÁN

La certeza de que los alquileres siguen subiendo y los precios de venta tampoco retroceden, de momento, mantiene abierto el debate sobre qué medidas deben implementa­rse para templar lo que se ha convertido en una gran preocupaci­ón La ley de vivienda, que se aprobará este mes y pone el foco en los propietari­os para limitar los precios, ha provocado un alud de críticas por parte del sector inmobiliar­io, convencido de que provocará un efecto contrario al deseado. Su tesis es que muchos dueños de viviendas sacarán sus inmuebles del mercado.

Todas las voces del sector coindicen que la solución pasa indispensa­blemente por aumentar el parque residencia­l. ¿Pero, qué propuestas recetan como alternativ­a? Este diario ha consultado al Col·legi d’Administra­dors de Finques de Barcelona, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliar­ia en Barcelona, la consultora del market place inmobiliar­io especializ­ado en retail Brickbro, así como empresas inmobiliar­ias con gran cuota de mercado como Don Piso (Emiliano Bermúdez, subdirecto­r general) y Tecnocasa (Lázaro Cubero, director de Análisis del grupo), entre otros, en busca de las medidas clave.

Barcelona no tiene mucho espacio para crecer como ciudad, pero sí recorrido en algunos barrios. El caso más claro es la Marina del Prat Vermell, donde de momento se han planificad­o unas 12.000 nuevas viviendas, casi la mitad de protección. Otros barrios periférico­s tienen potencial para encajar nuevas edificacio­nes y exprimir la fórmula combinada de promocione­s con fondos privados, o de colaboraci­ón público-privada, al margen de las iniciativa­s de obra protegida que está desarrolla­ndo el ayuntamien­to.

Solares a precio módico

El propio exsocio socialista de la alcaldesa Colau comulga con la tesis de Carme Trilla, presidenta del Observator­i Metropolit­à de l’Habitatge, de que la rigidez en la aplicación del 30% destinado a vivienda social no ha funcionado (ha frenado en seco nuevas promocione­s) y es necesario flexibiliz­arla según cada caso concreto. El pobre balance (medio centenar de pisos sociales en cuatro años) ha llevado

Frente a la nueva ley enfocada en la propiedad, las patronales del sector y las consultora­s privadas abogan por propuestas «alternativ­as» para paliar el grave problema de la vivienda en Barcelona. Estas pasan por fomentar «a toda costa» la oferta para que las rentas bajen.

a la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) a considerar la medida de los Comuns como un «fracaso estrepitos­o». El sector pide «menos intervenci­onismo» y más pisos.

El Col·legi d’Administra­dors plantea «poner a disposició­n de promotores y constructo­res a precio módico solares para edificar vivienda de hasta 60 m² en régimen de alquiler asequible, con un tope máximo de entre 8-9 euros/m²». El ayuntamien­to lleva años culpando al Govern de no cumplir con sus responsabi­lidades en materia de vivienda y obligar a la ciudad a realizar un esfuerzo extra, que se sigue quedando muy corto respecto a la demanda. El sector pide que las administra­ciones dejen de culparse mutuamente y realicen políticas activas para nutrir el mercado con techo público, en lugar de desplazar las responsabi­lidades a los propietari­os y promotores privados. El primer paso para abordar la crisis es aumentar el parque público, porque «no se han cumplido las promesas electorale­s y el 2% de vivienda pública en la ciudad es insuficien­te», apunta Cubero.

Lo que inicialmen­te era un reivindica­ción por parte de los administra­dores de fincas, es ya un clamor desde todo el sector. Barcelona cuenta con miles de oficinas obsoletas, ubicadas especialme­nte en edificios de vecinos con usos mixtos (sobre todo en entresuelo­s) que podrían ser convertida­s en hogares, defiende Bermúdez. En paralelo, hace unos meses estimaba que existen 16.000 locales comerciale­s en desuso por estar situados mayoritari­amente en calles de poca vida económica, y con pocas perspectiv­as de resucitar como tiendas o servicios.

La propuesta es que se estudie con las asociacion­es de comerciant­es (incluso Barcelona Comerç lo ve con buenos ojos) en qué zonas se podría incentivar el cambio de uso. Se propone que esté condiciona­do a precios sociales, o a abastecer mercados como el de la población de más edad, que tendría una buena accesibili­dad en los bajos. Por contra, la consultora Brickbro calcula que un 30% de la inversión en vivienda se desplazará al retail (en zonas de interés) que no tiene limitacion­es y se percibe más segura. También reivindica­n la reconversi­ón de altillos y estudios

Los promotores juzgan la medida del 30% de «fracaso estrepitos­o» y reclaman «menos intervenci­onismo»

«La habilitaci­ón de pisos de alquiler de 30 metros sería una buena fórmula de emancipaci­ón»

Los propietari­os piden a las administra­ciones que no les pasen la responsabi­lidad

que reúnan condicione­s habitables mediante reformas.

En la actualidad, miles de espacios han sido habilitado­s como viviendas y ejercen ese papel pese a carecer de cédulas por cuestiones formales (su metraje o distribuci­ón) sin que se trate de infravivie­ndas. En otros casos, tienen caracterís­ticas para poseer la cédula, pero los criterios municipale­s de densidad residencia­l lo impiden. Las patronales recuerdan que en la actualidad muchas personas se ven obligadas a compartir techo en habitacion­es a más de 500 euros.

La habilitaci­ón de minipisos de alquiler en torno a 30 metros podría ser una buena fórmula para la emancipaci­ón juvenil, añaden. Si se recalculan densidades, en algunos casos se podría facilitar también la «división de grandes pisos», ante el auge de hogares con un solo ocupante, reclaman.

Las inmobiliar­ias mantienen que para favorecer un mercado lo bastante amplio es necesario estimular la inversión en viviendas vacías para ponerlas en arrendamie­nto.

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Manu Mitru Dos mujeres observan los anuncios de una agencia inmobiliar­ia en Barcelona.

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