Dudas sobre la instrucción de la ley de amnistía
Las dificultades
El Gobierno no tiene claro cómo aterrizar la propuesta lanzada por Pedro Sánchez de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de instrucción judicial, en contra de la posición tradicional del PSOE, como forma de lograr el apoyo de Junts a la ley de amnistía. En público, el Ejecutivo se remite a la negociación entre los grupos. Ahora se abren varias semanas de conversaciones dentro de la comisión de Justicia del Congreso, después de que los posconvergentes frenaran la norma al considerar que dirigentes como Puigdemont, que está siendo investigado por terrorismo por su presunta implicación en el Tsunami Democràtic, no quedaban lo suficientemente blindados. En privado, en cambio, fuentes de la Moncloa admiten la dificultad de la iniciativa.
«Hay que buscar un equilibrio entre el tiempo adecuado para las investigaciones judiciales y que estas se alarguen durante años y años y acaben provocando indefensión», señalan los colaboradores más estrechos del presidente. En una entrevista en La Sexta, Sánchez abrió la puerta el lunes a abreviar los plazos actuales, que el PSOE amplió en 2020, anulando una reforma del PP de cinco años antes que los acortaba. «Hay elementos que podemos incorporar de mejora para subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas», dijo en referencia a Junts.
■ les de lo Penal del alto tribunal. Además del propio Cadena también participaron otros dos de los representantes del ministerio público en el juicio del ‘procés’: Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza. Alguno de los fiscales, como Manuel Dolz, intervino de forma telemática, aunque la mayoría acudió a la sede de la Fiscalía General, como el propio Redondo, que acabó asumiendo el criterio mayoritario sin plantear objeción alguna, tras reconocer que él no es especialista en terrorismo.
Por su parte, el Gobierno daba por descontada la decisión mayoritaria de la Junta de Fiscales. «Ninguna sorpresa», trasladaron fuentes de Moncloa, al mismo tiempo que minimizaron el valor de este posicionamiento porque se trata, dicen, de «un órgano consultivo». Pedro Sánchez ha insistido en público en negar la existencia de terrorismo durante el ‘procés’. Las mismas fuentes de Moncloa advierten que «la decisión final es de Fiscalía», dando a entender que el criterio avalado por 12 fiscales frente a tres podrá ser corregido.
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