Un error garrafal no forzado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podía haber delegado en su competente número dos, Ángeles Sánchez, la teniente fiscal, pero optó por una vía indirecta, la de la junta de fiscales, que ha resultado un fiasco.
–¿Y ahora qué?
–Pues ahora manda Geli.
Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, frase que solía decir Rafael Torres El guerrita, el torero del ingenio, cuyo autor fue Charles-Maurice Talleyrand. Lo que era la crónica de un fiasco anunciado para el fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, se convirtió en realidad en Fortuny, 4, sede de la FGE y de los fiscales de la sección primera de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
García Ortiz y su antecesora y mentora, Dolores Lola Delgado, viven al ritmo de los medios de comunicación, que les producen una adicción enfermiza. Y esta es la razón por la cual en lugar de hacer su trabajo, García Ortíz se dejó seducir por la estrategia de dejar en manos de la junta de fiscales el informe sobre la exposición razonada del juez Manuel García Castellón dirigida a la Sala Segunda para imputar a Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg por terrorismo en las acciones del Tsunami Democràtic.
Los tres fiscales del ‘procés’ presentes no tuvieron que persuadir a sus compañeros para votar 12 contra tres de que existen indicios de un delito de terrorismo. Y 11 contra cuatro de que los indicios que aporta el juez son suficientes para seguir en el Supremo la investigación. El informe a la Sala de la Admisión lo redactará Ángeles Sánchez (¡qué paradoja, podía haberlo elaborado dentro de las atribuciones de la FGE sin someter su punto de vista a la junta) y ahora podrá plantear lo que la Fiscalía General del Estado estima, en sintonía con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que milita activamente contra la calificación jurídica de terrorismo y sostiene que los indicios para relacionar a Puigdemont con los hechos son débiles.
¿Por qué será así el desenlace en la Fiscalía? Porque los dos jefes de la sección están en desacuerdo. Fidel Cadena, a favor de la admisión; Joaquín Sánchez-Covisa, en contra. Por tanto, la decisión, por dicho desacuerdo de los jefes, pasa al superior jerárquico. A Geli, como la llaman todos. Y no se trata de que repita lo que se votó por mayoría. No. Su papel no es el de un relator que nos cuenta lo que sucedió ayer. Es lo que la FGE cree debe ser la conducta de la Sala de Admisión ante la exposición razonada. La decisión que adopte, como la expresada mayoritariamente en la junta, no es vinculante. La Sala de Admisión del Supremo que preside Marchena y al que informará el magistrado Juan Ramón Berdugo como ponente decidirá lo que crea más conveniente.
Se podría creer que Álvaro Redondo actuó como un marxista grouchiano cuyos principios si no gustan se cambian. Todas las fuentes consultadas estiman que sería injusto. Redondo sintió una profunda herida mientras sus compañeros iban votando contra el informe. Nada más empezar se le trató de tranquilizar con la afirmación de que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión.
Tras asumir la ponencia, el fiscal Redondo redactó un primer borrador y se lo envió el mismo 26 de enero a algunos pocos colegas. Reproducía en él los argumentos de García Castellón para concluir con un informe en el que daba su apoyo a la imputación de Puigdemont y al delito de terrorismo. Pero hizo una segunda reflexión y llegó a la conclusión de que ni los hechos eran graves ni los indicios daban para imputar a Puigdemont. El 30 de enero lo envió a sus jefes. Y antes de la reunión de la junta semanal de fiscales pasó por el despacho del Fiscal General del Estado. Allí ya iba con el cambio de criterio. No tuvo lugar ningún intercambio de opiniones. Lo que se puede dar como hecho probado es que el fiscal Redondo hizo su nuevo informe y lo repartió a los jefes antes de departir con el Fiscal General del Estado.
Incentivos
Siempre puede haber incentivos –la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo es el sueño de todo fiscal que se precie– por lo que en el cambio de opinión pudieron operar diferentes factores. La estrategia del FGE ha dado más relevancia de la que debería tener a la exposición razonada que podríamos llamar de «urgencia» que el juez García Castellón lanzó sobre la tramitación de la ley de amnistía. A la luz de este circo –un error no forzado del FGE que ha terminado en un fiasco formidable– ¿qué pasará en la Sala de Admisión?
Es probable que la Sala Segunda del Supremo esté interesada en mantener la espada de Damocles sobre la ley de amnistía e incrementar las grietas entre Puigdemont y Pedro Sánchez. Eso puede hacerlo admitiendo la exposición y encargando a Berdugo la investigación. O devolvérsela a García Castellón para que siga instruyéndola y vuelva a pedir la imputación de Puigdemont. Dependerá de cuánto quiera implicarse la Sala de Admisión y su presidente en la guerra de guerrillas contra el gobierno.
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