Los letrados del Parlament ven flaquezas en el protocolo antiacoso
▶ Un informe considera «inconstitucionales» las sanciones establecidas y rechaza suspender la aplicación de las normas durante su revisión
Los letrados del Parlament consideran que el actual protocolo contra el acoso tiene flaquezas importantes y urgen a los partidos a modificarlo cuanto antes. Así lo exponen en el informe solicitado hace unas semanas por la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que también rechazan suspender la aplicación del protocolo de forma temporal mientras lo revisan para evitar incumplir la ley estatal contra la violencia machista, que obliga a empresas e instituciones a tener una guía de estas características. Una recomendación que el órgano parlamentario ha hecho suya en la reunión celebrada ayer en la Cámara, tras la denuncia de acoso por razón de género formulada por la diputada Cristina Casol contra la dirección del grupo parlamentario de Junts, que finalmente no quedó acreditada y que motivó su posterior expulsión.
Rango de ley
El principal argumento de los juristas es que las sanciones a los diputados pueden presentar problemas de constitucionalidad. Concretamente, ven una posible vulneración de los artículos 25.1 y 23 de la Constitución. En primer lugar, porque consideran que el «régimen sancionador» a un diputado debe tener «rango de ley» y el protocolo actual fue adoptado a través de un acuerdo de Mesa en diciembre de 2021, pero no ha pasado nunca por el pleno ni tiene la calificación de reglamento. Para solventar este déficit, recomiendan que se incluya el protocolo como «anexo al reglamento del Parlament» o que los castigos previstos consten en el régimen disciplinario al que están sometidos todos los parlamentarios.
En segundo lugar, los letrados opinan que esta guía puede vulnerar el «estatus jurídico de un diputado» y su «derecho fundamental a la participación política». En este sentido, critican que las sanciones establecidas en él sean «una reducción» de la subvención que el grupo percibe y también una «limitación proporcional de los medios» que la Cámara pone a disposición de los grupos. Los servicios jurídicos consideran «difícil de justificar» que se castigue al conjunto de la formación por una «conducta individual».
Ante este escenario, los servicios de la Cámara proponen tres posibilidades de actuación mientras se modifica el reglamento: mantenerlo vigente, pero empezando a trabajar ya para solventar los problemas que detectan; suspenderlo temporalmente o hacer un régimen transitorio. Sin embargo, valoran que las dos últimas opciones podrían contravenir la ley contra la violencia machista y, además, señalan que podría tener «críticas sociales» indeseables. Por ello, se muestran partidarios de la primera opción, que finalmente es la fórmula que ha elegido la Mesa, aunque recomiendan tener en cuenta estos «problemas jurídicos» en caso de tener que aplicar una sanción mientras siguen revisándolo
Además, la denuncia de Casol, y así también lo señalan los letrados, ha puesto sobre la mesa otra flaqueza del protocolo: la imposibilidad de mantener la confidencialidad que requieren situaciones de estas características. Sobre papel, el proceso debería garantizar el anonimato de la afectada.
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